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        Alejo Vidal-Quadras

        
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        Andrés Santo

        
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        Enrique Area Sacristán

        
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        Erik Encinas

        
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Jue04192018

Última actualizaciónJue, 19 Abr 2018 6pm

La Generalitat se plantea votar en urnas de cartón

urnas-carton

Se acerca el 4 de julio, el día que, coincidiendo con el Día de la Independencia de los EE UU, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras pretenden ofrecer los detalles de la organización de la consulta separatista del 1 de octubre y de las supuestas garantías legales que pondrá en marcha la Generalitat de Cataluña. Antes de este martes, el Gobierno catalán debe garantizar que tiene lo básico para realizar la consulta: las urnas. Eso sin hablar del censo, de la participación de funcionarios y de los locales donde hacer la consulta.

Después de suspender el concurso de compra de urnas, el Gobierno ahora trata de buscar fórmulas. La que está cogiendo peso en las últimas horas es la compra sin concurso público, una fórmula jurídica de «procedimiento de urgencia». Esta opción tiene un inconveniente. La compra debe ser autorizada por el Consell de Govern con el aval del conjunto del Ejecutivo que preside Puigdemont. Por tanto, el Gobierno catalán debería asumir, en conjunto, las consecuencias legales. Hasta ahora, la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, junto al secretario de la Consejería, ha sido la única consejera investigada por la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Si el Gobierno catalán asume como colectivo la compra de urnas, sería todo Govern el que debería afrontar estas consecuencias legales.

Este asunto ya se evaluó en el Ejecutivo de Puigdemont y se optó que fuera Borràs la que asumiera la compra de urnas, porque al menos tres consejeros no aceptaban que la responsabilidad fuera colectiva. Según las fuentes consultadas, estos miembros del Ejecutivo fueron la propia Meritxell Borràs (Gobernación), Santi Vila (Cultura) y Jordi Jané (Interior). Estas tensiones provocaron un duro enfrentamiento entre el vicepresidente, Oriol Junqueras, y Meritxell Borràs, que se negaba a asumir en primera persona la compra de las urnas y asumir las consecuencias de su ilegal actuación. Estos tres consejeros son considerados como los menos entusiastas del «procés». Su posición obligó a Puigdemont a formalizar una firma de la hoja de ruta en el Palau de la Generalitat con la presencia de todos los miembros del Gobierno. Algunos, en privado, criticaron duramente este acto y, sobre todo, que el documento que se leyó no les fuera facilitado con tiempo suficiente.

El problema de Israel

La Generalitat guarda silencio sobre esta cuestión, aunque reconocen que se han encendido todas las alarmas y hay preocupación. Fuentes del PDeCAT y la propia consejera, Neus Munté, mantienen el discurso: «Las urnas las pondremos». Y hacen un añadido en privado: «No pasa nada si son de cartón como el 9-N». Para ilustrar sus afirmaciones aparece un país, Israel, donde el nacionalismo catalán siempre lo ha visto como referente. Al menos, el del PDeCAT y, en menor medida, ERC. La CUP, al contrario, siempre ha repudiado al Estado hebreo. Israel se ha convertido en referente porque «es una de las democracias más avanzadas del mundo» y «en sus convocatorias electorales utilizan urnas de cartón». Esto puede implicar un cambio de criterio en la Generalitat, que hasta ahora había insistido en utilizar urnas de metacrilato. Sin embargo, la CUP advirtió ayer de que no aceptará urnas de cartón: «No toleraremos subterfugios ni actitudes pusilánimes», dijo la presidenta del Grupo, Mireia Boya, quien mostró sus sorpresa por el anuncio.

A la caza y captura de 'botiflers'

A los inconvenientes organizativos y a las incertidumbres que se vislumbran por las urnas, se suma un nuevo enfrentamiento entre los socios del Gobierno y la CUP. En el mundo independentista –ANC y Òmnium Cultural– ha «cabreado» que la consejera Borràs acudiera ayer tarde al Tribunal Superior a comunicar la suspensión del concurso de compra de urnas. Para los sectores independentistas «parece que Borràs estaba deseando hacer público que el concurso quedó desierto», esperando que «Madrid y sus resortes judiciales le perdonaran sus pecados», por la suspensión del proceso. En la afanosa busca de «botiflers» (traidores) al proceso catalán, el independentismo ha encontrado una nueva víctima: Borràs, porque «se ha dado por vencida antes de empezar». Pero no es la única.

Las diatribas en la Consejería de Gobernación se dirigen a la directora de Servicios, Josefina Valls, esposa del consejero de Empresa, Jordi Baiget, hombre muy cercano a Artur Mas. Según fuentes sindicales, Valls «ha ejercido de tapón en todos los asuntos relevantes referidos al referéndum». Fuentes de la Consejería apuntan que «tenemos la sensación que remaba en contra». Valls se negó a formar parte de las mesas de contratación y es señalada como una de las principales causantes de la suspensión del concurso de compra de urnas.

Se acerca el 4 de julio, el día que, coincidiendo con el Día de la Independencia de los EE UU, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras pretenden ofrecer los detalles de la organización de la consulta separatista del 1 de octubre y de las supuestas garantías legales que pondrá en marcha la Generalitat de Cataluña. Antes de este martes, el Gobierno catalán debe garantizar que tiene lo básico para realizar la consulta: las urnas. Eso sin hablar del censo, de la participación de funcionarios y de los locales donde hacer la consulta.

Después de suspender el concurso de compra de urnas, el Gobierno ahora trata de buscar fórmulas. La que está cogiendo peso en las últimas horas es la compra sin concurso público, una fórmula jurídica de «procedimiento de urgencia». Esta opción tiene un inconveniente. La compra debe ser autorizada por el Consell de Govern con el aval del conjunto del Ejecutivo que preside Puigdemont. Por tanto, el Gobierno catalán debería asumir, en conjunto, las consecuencias legales. Hasta ahora, la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, junto al secretario de la Consejería, ha sido la única consejera investigada por la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Si el Gobierno catalán asume como colectivo la compra de urnas, sería todo Govern el que debería afrontar estas consecuencias legales.

Este asunto ya se evaluó en el Ejecutivo de Puigdemont y se optó que fuera Borràs la que asumiera la compra de urnas, porque al menos tres consejeros no aceptaban que la responsabilidad fuera colectiva. Según las fuentes consultadas, estos miembros del Ejecutivo fueron la propia Meritxell Borràs (Gobernación), Santi Vila (Cultura) y Jordi Jané (Interior). Estas tensiones provocaron un duro enfrentamiento entre el vicepresidente, Oriol Junqueras, y Meritxell Borràs, que se negaba a asumir en primera persona la compra de las urnas y asumir las consecuencias de su ilegal actuación. Estos tres consejeros son considerados como los menos entusiastas del «procés». Su posición obligó a Puigdemont a formalizar una firma de la hoja de ruta en el Palau de la Generalitat con la presencia de todos los miembros del Gobierno. Algunos, en privado, criticaron duramente este acto y, sobre todo, que el documento que se leyó no les fuera facilitado con tiempo suficiente.

La Generalitat guarda silencio sobre esta cuestión, aunque reconocen que se han encendido todas las alarmas y hay preocupación. Fuentes del PDeCAT y la propia consejera, Neus Munté, mantienen el discurso: «Las urnas las pondremos». Y hacen un añadido en privado: «No pasa nada si son de cartón como el 9-N». Para ilustrar sus afirmaciones aparece un país, Israel, donde el nacionalismo catalán siempre lo ha visto como referente. Al menos, el del PDeCAT y, en menor medida, ERC. La CUP, al contrario, siempre ha repudiado al Estado hebreo. Israel se ha convertido en referente porque «es una de las democracias más avanzadas del mundo» y «en sus convocatorias electorales utilizan urnas de cartón». Esto puede implicar un cambio de criterio en la Generalitat, que hasta ahora había insistido en utilizar urnas de metacrilato. Sin embargo, la CUP advirtió ayer de que no aceptará urnas de cartón: «No toleraremos subterfugios ni actitudes pusilánimes», dijo la presidenta del Grupo, Mireia Boya, quien mostró sus sorpresa por el anuncio.

A los inconvenientes organizativos y a las incertidumbres que se vislumbran por las urnas, se suma un nuevo enfrentamiento entre los socios del Gobierno y la CUP. En el mundo independentista –ANC y Òmnium Cultural– ha «cabreado» que la consejera Borràs acudiera ayer tarde al Tribunal Superior a comunicar la suspensión del concurso de compra de urnas. Para los sectores independentistas «parece que Borràs estaba deseando hacer público que el concurso quedó desierto», esperando que «Madrid y sus resortes judiciales le perdonaran sus pecados», por la suspensión del proceso. En la afanosa busca de «botiflers» (traidores) al proceso catalán, el independentismo ha encontrado una nueva víctima: Borràs, porque «se ha dado por vencida antes de empezar». Pero no es la única. Las diatribas en la Consejería de Gobernación se dirigen a la directora de Servicios, Josefina Valls, esposa del consejero de Empresa, Jordi Baiget, hombre muy cercano a Artur Mas. Según fuentes sindicales, Valls «ha ejercido de tapón en todos los asuntos relevantes referidos al referéndum». Fuentes de la Consejería apuntan que «tenemos la sensación que remaba en contra». Valls se negó a formar parte de las mesas de contratación y es señalada como una de las principales causantes de la suspensión del concurso de compra de urnas.



Leer más:  La Generalitat plantea comprar urnas de cartón por la vía de «urgencia»  http://www.larazon.es/espana/puigdemont-garantiza-que-el-1-o-habra-urnas-KH15478244?sky=Sky-Junio-2017?sky=Sky-Junio-2017#Ttt1OD0mS59qYbko
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