Quim Torra, condenado a 15 meses

A finales de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio por liquidada la condena de inhabilitación impuesta en diciembre de 2019 al ex presidente de la Generalitat Quim Torra tras comprobar que ha cumplido la pena de año y medio de inhabilitación para ejercer un cargo público y que ha pagado los 30.000 euros de multa que se le impusieron por un delito de desobediencia.

Sin embargo, dos semanas después Torra vuelve a estar sin autorización para ocupar un cargo público después de que el Juzgado Penal número 6 de Barcelona lo condene a 15 meses de inhabilitación y el pago de 24.000 euros de multa por otra desobediencia. Se trata de un caso similar al de su primera condena. Entonces el TSJC lo sentenció por no acatar una orden de la Junta Electoral Central y no quitar la pancarta a favor de los presos soberanistas encarcelados por sedición junto con un lazo amarillo del balcón de la Generalitat.

Al perder su aforamiento por dejar la presidencia de la Generalitat, Torra fue juzgado en el Juzgado Penal número 6 de Barcelona quien lo considera responsable del mismo delito por no retirar la misma pancarta aunque a instancias del TSJC en septiembre de 2019. Impulso Ciudadano denunció ante este tribunal a Torra por vulnerar el principio de neutralidad de las administraciones y, al no hacer caso de los requerimientos, los magistrados ordenaron a los Mossos d'Esquadra que quitaran la pancarta con el lema 'Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos'.

La sentencia indica que Torra cometió un delito de desobediencia al no cumplir con la resolución judicial de retirada de la pancarta de la fachada del Palau de la Generalitat en septiembre de 2019 y que "no cabe entender amparados los hechos del acusado por el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales aducidos o la inviolabilidad parlamentaria".

Además de la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos de ámbito local, autonómico, estatal o europeo así como para el ejercicio de funciones de gobierno en los mismos ámbitos durante 15 meses, Torra debe abonar las costas del procedimiento, incluidas las de la acusación particular, Impulso Ciudadano.

A diferencia de su primer juicio como presidente en el TSJC, por ser aforado, Torra no quiso acudir a su cita en el juzgado penal. Como la pena que pedía la Fiscalía y la acusación particular, que ejercía Impulso Ciudadano, era menor a dos años de cárcel, no estaba obligado a acudir. Tampoco al TSJC pero usó su comparecencia para como altavoz político de las tesis soberanistas a la vez que reconoció el delito.

Eso sí, antes de su negativa a acudir y que se celebrara el juicio 'en ausencia', emitió un comunicado junto con un vídeo por las redes en el que denunciaba la "persecución judicial" y afirmaba que "no reconozco la legitimidad de la justicia española que no respeta ni los tratados internacionales ni los derechos fundamentales". Concluía con un "no legitimaré una nueva farsa", aunque acabó con una nueva condena por desobediencia, la segunda cometida en el poco tiempo que estuvo al frente de la Generalitat y por no querer quitar una pancarta a instancias de órganos judiciales, que finalmente fueron retiradas.

Quim Torra, inhabilitado y destituido como president de la Generalitat

Mediterráneo Digital
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