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El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los ex consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí ya no tienen inmunidad como europarlamentarios. Bruselas no se ha creído las mentiras de Puigdemont y del resto de fugados de la Justicia española de que «existe persecución política en España» y que «la Justicia no es independiente», y les ha retirado el privilegio, abriendo así una vía a la extradición.
El pleno de la Eurocámara ha votado a favor de atender el suplicatorio del Tribunal Supremo español y, por tanto, levantar la inmunidad de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. El paso quita uno de os obstáculos principales, pero no despeja definitivamente el camino para que puedan ser extraditados y juzgados. El esperado resultado, tras más de un año de proceso interno, ha sido de 400 a favor, 248 en contra y 45 abstenciones en el caso del ex presidente. Y de 404, 247 y 42 en el de Comín y Ponsatí. La Eurocámara tiene 705 eurodiputados, 59 de ellos españoles.
El grueso del Partido Popular Europeo, los socialistas y los liberales han decantado el resultado, a pesar del voto en contra de Los Verdes, de la Izquierda y de más de una decena de españoles, entre ellos los diputados de Podemos, Izquierda Unida, el PNV o Bildu. Una mayoría simple era suficiente, pero en un tema tan polémico, y que en los últimos días ha vuelto a ocupar la atención de la prensa internacional, tras meses y meses sin prestar atención a las acciones del independentismo en Waterloo, los partidos españoles querían un resultado cuanto más tajante, mejor.
Los suplicatorios son una parte razonablemente habitual de la vida parlamentaria en Bruselas. Ayer mismo, sin ir más lejos, se votó levantar la inmunidad de los tres líderes catalanes, un croata y un portugués. La pasada legislatura hubo más de 70 peticiones, y se aceptaron la amplia mayoría de ellas, tras recibir informes (no vinculantes) de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Lo que hizo la Comisión de Asuntos Jurídicos, presidida ahora por el español Adriá Vázquez, de Ciudadanos, no es un examen jurídico del caso. No analizaron ni se pronunciaron sobre si Puigdemont, Comín y Ponsatí eran culpables o inocentes por los delitos por los que se les reclama en España. Las normas dicen que se puede rechazar el suplicatorio únicamente si se considera que quieren juzgar a un diputado por sus opiniones o por sus acciones parlamentarias el ejercicio de sus funciones. O si se da un caso de fumus persecutionis, esto es, cuando se estima que la motivación del proceso es "perjudicar la actividad política de un diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución". Y España reclama poder juzgarlos por algo ocurrido mucho antes de que tuvieran el escaño.
Extradición de Puigdemont a España
El paso de hoy no es definitivo. Los independentistas tienen derecho a interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE, por razones de derecho o de forma. Han recopilado diversas quejas técnicas. Por ejemplo, haber tenido los tres un mismo ponente en Asuntos Jurídicos en vez de uno cada uno. Que en la votación en esa comisión JURI constó mal uno de los delitos por lo que estaba acusada Ponsatí. Por filtraciones. Por el hecho de que sus audiencias fueron por videoconferencia, por primera vez en la historia, y eso podría arrojar dudas sobre la confidencialidad.
Ese recurso no paraliza la acción. España podría reactivar las Euroórdenes, en Bélgica y en Escocia, en cualquier momento. Pero la experiencia con los tribunales de ambos lugares, y en especial los belgas, no es precisamente satisfactoria para los intereses del juez Llarena. En Bruselas, los magistrados han dejado meridianamente claro su falta de interés en los argumentos que llegan de Madrid. Han tumbado procesos por cuestión de forma una y otra vez, y en enero denegaron la extradición de Lluis Puig (que no tenía inmunidad) señalando que el Supremo no era el órgano competente para emitir una orden europea en este caso.
Esa sentencia ha sido enviada al Tribunal Supremo de Bélgica que es quien tiene la última palabra sobre Puigdemont y Comín. Un caso diferente es el de Ponsatí, con residencia en Reino Unido. Su letrado, Gonzalo Boye quiere que se deje sin efecto la euroorden debido al Brexit. Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas explican que las emitidas con anterioridad a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, como es este el caso, continúan manteniendo la vigencia. El tribunal británico todavía no se ha pronunciado sobre esta petición.
El Parlamento Europeo vota a favor de retirar la inmunidad a Puigdemont
