Cinco mujeres vinculadas al movimiento independentista, antisistema y anticapitalista han presentado una querella en los juzgados de Barcelona contra un policía nacional que, aseguran, las utilizó mientras estuvo supuestamente infiltrado en movimientos sociales y sindicales de la capital catalana, entre los años 2020 y 2022. El agente se habría acostado hasta con ocho activistas de extrema izquierda,
Las abogadas Anaïs Franquesa, Mireia Salazar, Laia Serra y Sònia Olivella, del centro pro derechos humanos Iridia, y la CGT, han anunciado la presentación de la querella, que se deriva de una información del periódico La Directa que afirma que un policía nacional estuvo infiltrado durante dos años en colectivos sociales y sindicales, principalmente del barrio de Sant Andreu.
La querella acusa al policía, así como a su superior jerárquico, de haberse aprovechado de cinco activistas con las que mantuvo «relaciones sexoafectivas», en el marco de su proceso de infiltración.
En concreto, la denuncia interpuesta contra el agente es por delitos de abusos sexuales continuados, tortura o contra la integridad moral, descubrimiento de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos civiles.
En total sumarían una veintena de supuestos delitos, ya que cada una de las afectadas se ha querellado por los cuatro mencionados previamente, y desde Irídia no descartan «que en un futuro inmediato se pueda ampliar el número de mujeres afectadas», precisó la letrada Laia Serra.
Las abogadas insistieron en que la supuesta infiltración del policía mallorquín, cuya identidad real no ha trascendido, supone «violencia sexual institucionalizada», dado que habría utilizado las relaciones con las activistas «para acceder a sus informaciones íntimas, personales y políticas» con el objetivo de entrar en espacios políticos de la sociedad civil.
La querella criminal es contra el agente D.H.P., su superior jerárquico y el Ministerio del Interior. “Jamás hubiésemos tenido relaciones con él si hubiésemos sabido que era policía”, dijeron las activistas. Las querellas ha sido impulsada por el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Irídia y el sindicato CGT, donde milita una de las denunciantes. La querella subraya que la conducta del infiltrado “no sólo transgrede los límites legales de la actuación de infiltración” de los cuerpos policiales, sino que además “traspasa los límites éticos, atentando contra el núcleo esencial de esas mujeres y su autonomía sexual”.
Laia Serra, abogada de una de las querellantes, ha asegurado a La Directa que es necesario poner en el centro el elemento de la “violencia institucional sexualizada”. Serra denuncia “la insuficiencia del marco legal y la opacidad de estas prácticas que se proyectan hacia mujeres aprovechándose del sistema relacional y utilizando sus cuerpos y prácticas sexuales para acceder a información y espacios políticos”.
Consideran también que el agente habría incurrido en un delito de tortura porque se ha atentado "de manera directa contra la integridad moral de las personas afectadas" con la finalidad de conseguir información y "castigar a estas mujeres por tener una implicación política", añade la abogada. Además, según Serra, con la supuesta infiltración el policía habría "podido compartir toda esta información con sus jefes", motivo por el cual lo acusan de un delito de revelación de secretos.
Condenado un policía que trabajaba de actor porno los fines de semana
