Piden penas de prisión para tres concejales del PSC de Pineda de Mar por obligar a los hoteleros a echar a la Policía Nacional

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La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Arenys de Mar (Barcelona) ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía de Delitos de Odio contra tres tenientes de alcalde (PSC) y una concejala de la oposición (ERC) por delitos de coacciones y falsedad en documento oficial por haber supuestamente forzado a los propietarios de dos hoteles a echar fuera de sus establecimientos a policías españoles que participaron en el operativo contra el 1-O. Los querellados son la primera teniente de alcalde y concejala de Promoción Económica, Carmen Aragonés; el segundo teniente de alcalde y concejal responsable de urbanismo, Jordi Masnou; la tercera teniente de alcalde y concejala de comunicación y presidencia, Silvia Biosca; la concejala de ERC Mónica Palacín, y el jefe de la policía local, CSM. El ministerio público cree que amenazaron a los dueños de los hoteles con cerrar los establecimientos durante cinco años si no echaban los agentes, lo que ocurrió el 3 de octubre.

Según el fiscal Miguel Ángel Aguilar, los 500 policías alojados en el Checkin Pineda y el Checkin Montpalau tenían contratada la estancia hasta el 5 de octubre. El 2 de octubre tuvo lugar una multitudinaria manifestación ante los hoteles para condenar la actuación policial del 1-O. Dada la situación de tensión que se vivió, hacia las 21 horas, la primera y el segundo tenientes de alcalde, la concejala de ERC y el jefe de la policía local, de paisano pero que se identificó, fueron al hotel Montpalau “sin cita programada y fuera de la agenda oficial”, “de común acuerdo, con el firme propósito de conminar la dirección de la cadena hotelera, prevaliéndose de la autoridad que representaban, conseguir la expulsión de los agentes".

Así, “con apoyo intimidatorio”, pidieron hablar con el director del hotel y le “exigieron” cerrar el hotel y “desalojar” a los policías. El director llamó el gerente de la cadena y la teniente de alcalde le reiteró, por teléfono, la petición. El gerente se negó alegando que los agentes no habían causado ningún problema y entonces Aragonés pasó el teléfono a Masnou que, como responsable de urbanismo, “le advirtió expresamente, con tono desafiante y atemorizador” el gerente para echar “aquellos clientes sí o sí”. El fiscal asegura que el concejal llamó al gerente diciéndole que allí mandaba él y “si él decía blanco, es blanco”. Como el gerente mantenía la negativa, el regidor “incrementó su inadmisible presión, advirtiéndole de forma desafiante que si no hacía fuera los policías le cerraría el hotel el día siguiente y estaría cerrado cinco años”.

El gerente le respondió al concejal que no podía hacer esto y que antes tenía que hablar con un comisario de policía de Madrid. Masnou le habría respondido que a él le era “igual” con quien hablara, ya que era el teniente de alcalde quien “mandaba” y que “haría todo lo que tuviera que hacer para cerrar los hoteles”. La comitiva municipal se marchó del hotel y el gerente de la cadena, por “temor a posibles y creíbles represalias”, redactó una carta donde decía que “debido a una reunión mantenida con responsables del Ayuntamiento de Pineda” se veían “obligados” y “bajo amenaza de cerrar los hoteles durante cinco años”, a desalojar el contingente policial el 3 de octubre a las 4 de la tarde. La carta la envió al director de los dos hoteles, que lo comunicó verbalmente y por escrito a los responsables policiales alojados en el hotel Montpalau. El director envió la misma carta al recepcionista del otro hotel, el Checkin Pineda, que también lo comunicó al inspector de policía a cargo del contingente de aquel establecimiento.

Poco después, esa misma madrugada, Aragonés explicó en directo en La Sexta TV: “No hemos necesitado ninguna medida de fuerza, pensamos que el diálogo es el mejor y así hemos llegado a un acuerdo”. Si los hoteles no hubieran accedido a echar a los policías, Aragonés dijo que el consistorio habría mirado qué hacer con los abogados y técnicos del Ayuntamiento.

A primera hora de la mañana del día siguiente, Aragonés y la teniente de alcalde de comunicación, Silvia Biosca, estaban “preocupadas” porque la carta del gerente de los hoteles había llegado a la prensa. Por eso fueron al hotel Montpalau a pedir una reunión urgente en el Ayuntamiento con la dirección de los hoteles para hacer un comunicado conjunto. La reunión se hizo a las 11 de la mañana, y asistieron el director de calidad y expansión y el director financiero de la cadena. Las tenientas de alcalde, “con el fin de doblar la voluntad” de los hoteleros, les “exigieron” que firmaran un documento “confeccionado falsamente” por parte de Biosca “siguiendo las instrucciones” de Aragonés, donde constaba un “supuesto comunicado de prensa conjunto entre el consistorio y la cadena hotelera".

El comunicado para enviar a la prensa “señalaba con manifiesto desprecio a la verdad, que la dirección de los establecimientos conjuntamente con el gobierno municipal han planteado la posibilidad de adelantar la salida del personal alojado por razones de seguridad y con el fin de garantizar la convivencia el municipio”. Además, añadía que “concretamente ayer, en una reunión con el gobierno municipal y la cadena hotelera, se acordó de mutuo acuerdo que la salida se produciría en el transcurso del día de hoy” y que “en ningún caso ha habido ninguna medida de presión a la hora de tomar esta decisión y desmentimos que el Ayuntamiento haya amenazado el establecimiento hotelero con su cierre”.

Los dos representantes de los hoteles se negaron a firmar el documento porque decían que no era verdad, pero el comunicado se distribuyó igualmente entre los periodistas. Según el fiscal, la trascendencia pública de este documento supone un “desprestigio” y “descrédito” para la cadena hotelera ante “posibles clientes de toda España” por “la aparente imagen transmitida de trato discriminatorio cometido por motivos de origen nacional de sus clientes, en este caso, policías”.

Por todo ello, la juez de Arenys admite la querella contra Aragonés por un delito continuado de coacciones y otro de falsedad en documento oficial cometido con autoridad, contra Biosca por coacciones y falsedad documental, y por coacciones contra los otros tres querellados. Los cuatro concejales negaron los hechos en noviembre ante la unidad de la policía española adscrita a la Fiscalía de Barcelona.

La magistrada instructora ha citado a los testigos para el 25 de junio, entre ellos el gerente de la cadena de hoteles, cinco testigos más y tres responsables de la policía española. Igualmente, ha solicitado las imágenes de la entrevista televisiva a Carmen Aragonés, los contratos para la estancia de los policías en los dos hoteles e información sobre la fecha, forma y circunstancias de la salida de los agentes. Los cinco investigados serán citados más adelante. La Asociación Unificada de la Guardia Civil también presentó una denuncia por los mismos hechos.

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