La Línea inicia su proceso para independizarse de Andalucía

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El primer objetivo ya está conseguido: La Línea de la Concepción, un municipio gaditano de algo más de 50.000 habitantes, ha conseguido situarse en el foco de la atención nacional con una pretensión tan ambiciosa como incierto es su recorrido. El pleno municipal aprobará en unas horas el inicio de la tramitación para solicitar a las Cortes su declaración como Ciudad Autónoma, en un régimen muy similar al que se concedió en la transición a las ciudades de Ceuta y Melilla.

Para ello, La Línea deberá primero celebrar una consulta popular y posteriormente trasladar su petición al Congreso de los Diputados y al Senado, donde con toda probabilidad se encontrará con el rechazo de los dos partidos mayoritarios. Pero su alcalde, Juan Franco, habrá cumplido con una promesa electoral y, sobre todo, habrá conseguido agitar el debate y acaparar la atención de los medios de comunicación y de la clase política sobre una situación, la del municipio fronterizo con Gibraltar, que arrastra décadas de abandono institucional y una crisis económica que se ha agravado con el Brexit.

Para entender cómo se ha llegado hasta el día de hoy, primero hay que recordar cómo es La Línea y cuál ha sido la trayectoria de Juan Franco hasta llegar a la Alcaldía. Cada día, en torno a 11.000 linenses cruzan a Gibraltar para trabajar en la roca y volver a España al atardecer. Entre las dos localidades no solo hay una frontera física y política sino también una importante brecha social y económica que convierte a la comarca en una de las más singulares de Europa, con un desequilibrio abismal en el que La Línea es el flanco débil: un paro estructural superior al 32%, una bajísima cualificación de su masa laboral y una sociedad muy condicionada por la presencia en la zona de las grandes redes del narcotráfico. Al otro lado de la verja, por contra, prácticamente no existe el desempleo, con cientos de empresas radicadas en su suelo para aprovechar un régimen fiscal muy ventajoso que convierten a Gibraltar en una suerte de paraíso financiero, con el que resulta muy complicado competir a la hora de atraer inversiones para la comarca.

Juan Franco es funcionario de carrera en el Ayuntamiento de La Línea y ocupaba la jefatura del Área de Gestión Tributaria antes de meterse en política, cuando ya era un personaje muy popular entre sus vecinos y muy comprometido con diferentes causas, entre ellas, la gestión del equipo de fútbol, la Real Balompédica Linense, o La Balona, como se le conoce también. Se presentó a las elecciones municipales de 2015 con el partido La Línea 100x100 y consiguió la Alcaldía con el apoyo de los concejales del PP. En 2019 su popularidad había crecido tanto que se convirtió en uno de los tres alcaldes más votados de España, junto a los de Vigo y Estepona, obteniendo 21 de los 25 concejales y dejando al bipartidismo arrasado: tres concejales consiguió el PSOE y solo uno el PP.

Controla por tanto el pleno y, de momento, no ha perdido la fe de sus vecinos. En su programa electoral ya iba la declaración de independencia y, por tanto, en el día de hoy, Juan Franco se ha limitado a poner en marcha el proceso al que se había comprometido tras encontrar el respaldo jurídico en el informe que ha elaborado para el Ayuntamiento el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Antonio Cabo de la Vega. En ese dictamen se apunta que "no existe impedimento o prohibición constitucional estatutaria, legal o de derecho europeo para la conversión del municipio de La Línea de la Concepción en Comunidad Autónoma en la figura de Ciudad Autónoma", con independencia de que ese proceso fuera conveniente u oportuno.

El artículo 144 de la Constitución Española establece que "las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143". Según los expertos constitucionalistas, los redactores de la Carta Magna tenían ya en mente la singularidad de Ceuta y Melilla y su posible declaración como ciudades autónomas. Pero ahora La Línea apela a esa misma fórmula para reclamar un régimen particular. Los técnicos consultados por el Ayuntamiento avalan que el procedimiento para solicitar la declaración de una localidad como ciudad autónoma lo pueda iniciar la corporación municipal, mediante acuerdo de pleno aprobado por mayoría simple a propuesta de un grupo municipal, o por la solicitud de un grupo de vecinos, suscrita por un número de firmas que varía en función de la población.

El alcalde de La Línea tiene mayoría sobrada para que el pleno refrende sus iniciativas. Y en esta se juega la renovación de la confianza de sus vecinos, pues fue La Línea independiente el leit motiv de su campaña electoral.

Es poco probable, por no decir muy improbable, que el Congreso de los Diputados se avenga a tramitar siquiera la petición del municipio, que ya prepara la celebración de una consulta popular. De hecho, los concejales del PSOE y del PP, los partidos mayoritarios en las Cortes, han rechazado la iniciativa.

Pero el alcalde de La Línea está convencido de que el proceso tiene más ventajas que inconvenientes, sea cual sea el resultado final del mismo. Rechaza la comparación de la apuesta de La Línea con el procés catalán, que considera "un despropósito y un error". De hecho, si los linenses apuestan por su declaración como ciudad autónoma no es por desafección con Andalucía, sino por una cuestión de supervivencia.

Los 6 pasos para la independencia

El informe que avala la iniciativa del Ayuntamiento de La Línea recuerda que "el modelo territorial español se dejó constitucionalmente abierto y su concreción pendiente de la determinación progresiva, mediante la materialización del principio dispositivo, de un mapa autonómico de diversos niveles y escalas competenciales que hoy, tras cuarenta años de recorrido democrático, demuestra, según la visión política de cada uno, tanto sus consistencias como sus debilidades y fallas originarias". "La pretensión autonomista de La Línea entronca, pues, con esta apertura constitucional de origen para utilizar el principio dispositivo a su favor y la (deliberada) indefinición jurídica que rodea al proceso autonómico y a sus categorías estructurantes", añade.

Según el estudio firmado por Antonio de Cabo de la Vega, los pasos que tendría que dar La Línea para su declaración como Ciudad Autónoma serían:

  1. Aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, mediante mayoría absoluta, del planteamiento de una consulta municipal sobre la conveniencia de que la corporación eleve al Gobierno de la Nación una petición para activar el artículo 144 a) de la Constitución por la concurrencia de motivos de interés nacional.
  2. Solicitud de dicha consulta al Gobierno de la Nación, con la presentación del acuerdo del Pleno.
  3. Convocatoria y celebración de la consulta municipal o, caso de denegación gubernamental, recurso ante el TS y/o elevación directa de la petición por parte de la corporación al Gobierno y a las mesas de las Cortes Generales.
  4. Presentación de una petición formal, con el respaldo de la mayoría absoluta del Pleno del Ayuntamiento y/o con el resultado positivo de la consulta municipal, si la hubiera, ante la Mesa del Congreso de los Diputados, la Mesa del Senado y el Gobierno de la Nación, en la que se traslada la voluntad linense de constituirse en Ciudad Autónoma de acuerdo con el artículo 144 a) de la Constitución.
  5. Aprobación por parte de las Cortes Generales de una Ley Orgánica de aplicación del artículo 144 a) de la Constitución española por la que se constituye, por motivos de interés nacional, a La Línea de la Concepción en Ciudad Autónoma, iniciándose el proceso de redacción del Estatuto de Autonomía con la participación, reglada en esa misma Ley Orgánica, del propio Municipio.
  6. Aprobación, por parte de las Cortes Generales, de la Ley Orgánica por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de La Línea de la Concepción. Conversión del municipio en Ciudad Autónoma con la adquisición de las competencias que, en el marco de la Constitución española, se determinen en su nuevo Estatuto.

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Autor: El Mundo

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