Última actualizaciónMar, 07 Jul 2020 7pm

Desafío independentista

Cataluña multará a Playmobil y a Lego por ser fascistas

playmobil lego

La Plataforma por la Lengua ha presentado una denuncia en la Agencia Catalana de Consumo para que tome las medidas necesarias, de acuerdo con la ley, para que Playmobil y Lego se adecuen a la normativa lingüística en Cataluña. Las multinacionales de juguetes se niegan a utilizar el idioma cooficial pese a las presiones. Lo publica El Confidencial Digital.

La Plataforma per la Llengua defiende que la obligatoriedad que se prevé para el castellano es extraña en el contexto europeo cuando hay un idioma propio de las dimensiones del catalán.

En cambio, critican, la obligatoriedad para una lengua como el catalán se produce en todas las comunidades lingüísticas comparables.

La Agencia de Consumo abre expediente

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras del proceso, la Agencia Catalana de Consumo, organismo dependiente de la Generalitat, ha admitido a trámite esta denuncia de la Plataforma per la Llengua contra Playmobil y Lego. Como consecuencia, ha iniciado un expediente de diligencias previas para investigar el caso.

La Agencia Catalana de Consumo, en un escrito remitido a la asociación en defensa del catalán, acaba de concluir que, en el marco de la seguridad jurídica, “finalmente se dan las circunstancias adecuadas para aplicar la ley, una vez aclaradas las dudas en virtud de las sentencias del Tribunal Constitucional”.

Por ello, la Plataforma per la Llengua da por hecho que la Agencia Catalana de Consumo culminará el expediente forzando a Playmobil y Lego a incluir la lengua cooficial en los juguetes que venda en Cataluña.

Se enfrentan a multas de hasta 100.000 euros

Las medidas correctivas de la Agencia Catalana de Consumo no acaban ahí. De acuerdo con la legislación actual, Playmobil y Lego se enfrentan a una multa de entre 10.001 y 100.000 euros, en función de lo establecido en el artículo 332.3 de la Ley del Código de Consumo.

La Plataforma per la Llengua considera que ambas multinacionales están vulnerando la normativa autonómica, que obliga a etiquetar al menos en catalán cualquier producto que se ponga a la venta al público en la región.


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