Sentencia histórica: la justicia obliga a la Generalitat a impartir un 25% de las clases en español

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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tiene claro tanto el diagnóstico como el tratamiento: el uso del español en las escuelas catalanas es «residual» y por eso la Generalitat debe «adoptar las medidas necesarias» para garantizar que de forma inmediata «todos los alumnos» reciban sus clases en catalán y castellano. El tribunal deja en manos de la administración autonómica cómo hacerlo, pero sí fija una «presencia mínima» de castellano y catalán.

La sentencia obliga a la Generalitat a impartir al menos el 25% de las clases en cada una de las lenguas. De facto, se trata de una enmienda al sistema de inmersión lingüística en catalán –ahora solo se imparte en español la asignatura de Lengua Castellana–, y pone el foco en la Lomloe, más conocida como «ley Celaá», que retira la mención del español como lengua vehicular de la enseñanza y que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere aprobar el próximo miércoles en el Senado.

La resolución de la sala contenciosa del TSJC es la respuesta a un recurso que el Gobierno de Mariano Rajoy presentó en 2015 contra la «inactividad» de la Consejería de Educación de la Generalitat por no garantizar el uso «normal» del castellano y del catalán en las escuelas. Ahora, el tribunal ha estimado parcialmente las pretensiones del Gobierno del PP y reprocha a la administración haber ignorado ese equilibrio de las dos lenguas oficiales y no haber ejercido una «actividad de control» para garantizarlo.

El castellano, residual en Cataluña

Antes de tomar una decisión, el TSJC requirió a la Generalitat datos sobre el uso del castellano y del catalán como lengua vehicular en las escuelas. Pero como la Generalitat no disponía de esa información, la Consejería de Educación acabó haciendo un muestreo que ha arrojado datos contundentes sobre el arrinconamiento del castallano en las aulas: solo 5 de las 184 escuelas incluidas en el rastreo imparten en español al menos el 25% de las asignaturas. Lo cumplen solo el 2% de los centros de Educación Primaria y el 12% de los de Secundaria. Según la sentencia, el promedio de horas en castellano es del 18% en Primaria, del 19 % en ESO y 26% en Bachillerato. El fallo no afecta a la educación universitaria.

A partir del análisis de todos esos datos, al TSJC le queda claro que el castellano «es residual» en el sistema educativo catalán, o al menos en una parte significativa de los centros, lo que supone «una infracción del marco jurídico vigente», según concluye el juzgado contencioso catalán. Anteriores sentencias tanto del TSJC como del Tribunal Supremo ya recogían el derecho de las familias que lo solicitaban a recibir al menos un 25% de las clases en castellano.

Sin embargo, los cambios que implicarían el fallo conocido este jueves son sustantivos: obliga a dar un vuelco a la presencia del español en las aulas para «el conjunto de alumnos». La Generalitat tratará de impedirlo con un recurso ante el Supremo y el consejero de Educación, Josep Bargalló, ha augurado que la resolución judicial no tendrá «ninguna consecuencia», pues cree que quedará «sin efecto» cuando entre en vigor la Lomloe.

La obligación de que al menos el 25% de las clases sean en castellano se traduce en la obligación de la Generalitat de impartir, además de la consabida asignatura de Lengua Castellana, como mínimo otra materia del plan de estudios troncal o de categoría análoga. En definitiva, acaba con la praxis de las escuelas catalanas de limitar el castellano a la enseñanza de la lengua y literatura del idioma común a todos los españoles. El tribunal establece un porcentaje mínimo del 25% en horas lectivas pero deja en manos de la administración autonómica el resto de la planificación, que deberá atender a circunstancias como «el estado de la normalización de las respectivas lenguas oficiales según el lugar o la incorporación vehicular de terceras lenguas».

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La política, enfrentada por la lengua

Las reacciones políticas a la sentencia del TSJC no se han hecho esperar. El presidente del PP, Pablo Casado, ha aprovechado un viaje este jueves a Cataluña para reclamar a Sánchez que dé marcha atrás en la tramitación de la Lomloe y que «vele» para que el fallo del TSJC «se cumpla de inmediato». En una atención a los medios desde Pontons (Barcelona), Casado ha valrado la necesidad de que el español siga siendo lengua vehicular en Cataluña y la «fundamental convivencia de las dos lenguas oficiales». El Gobierno «está a tiempo de cumplir con esta sentencia y no culminar el proceso legislativo» para la aprobación definitiva en las Cortes de la «ley Celaá», ha insistido el líder popular ante la prensa.

Por otro lado, Cs ha aplaudido también aplaudió la sentencia porque «demuestra» que lo que el partido naranja lleva años pidiendo «es justo y legal». El líder de la formación en Cataluña, Carlos Carrizosa, calificó la sentencia de «importantísima» y también puso el foco en la «ley Celaá» al considerar que «este criterio judicial prevalece en cualquier caso a la interpretación que se pueda hacer» de la misma. Se han sumado también a las felicitaciones entidades como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que lleva años defendiendo los derechos de los alumnos castellanohablantes en Cataluña. «El mejor regalo de Navidad», lo ha definido en declaraciones a este medio la presidenta de la entidad, Ana Losada, quien ha subrayado la importancia del fallo porque impacta directamente sobre la inmersión y la cuestiona.

«Esta sentencia llega en un momento crucial, a pocos días de que una Ley de Educación en España intente suprimir que el castellano es lengua vehicular en todo el territorio», ha añadido. A su juicio, el fallo demuestra lo que la AEB viene denunciando desde su nacimiento: «La escuela catalana excluye al español y la cultura en español, discrimina a los alumnos castellanohablantes y perjudica a todos los alumnos catalanes al impedirles dominar el español en registro estándar o culto». También la entidad Impulso Ciudadano se ha felicitado por el fallo del TSJC.

Sin embargo, la norma educativa avanza sin freno en el Senado y se aprobará previsiblemente el próximo miércoles en la Cámara Alta sin necesidad de modificaciones posteriores por parte del Congreso. De esta forma, se convertiría definitivamente en ley antes de Navidad. La «ley Celaá» eliminó, a través de una enmienda pactada entre el PSOE, Podemos y ERC, la condición del castellano como lengua vehicular de la enseñanza pero también como lengua oficial del Estado. La polémica enmienda causó el rechazo, no solo de la comunidad educativa sino también de escritores, historiadores y otros representantes del mundo cultural e intelectual de izquierdas y de derechas. 

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Mediterráneo Digital
Autor: Mediterráneo DigitalWebsite: https://www.mediterraneodigital.com/
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