Ada Colau, imputada por 'desviar' 80 millones de euros en subvenciones

El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona investiga presuntas irregularidades en la concesión de 80 millones de euros en subvenciones por parte del Ayuntamiento de Barcelona entre 2019 y 2020. Así consta en la querella de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática que ha sido admitida a trámite por el juez y por la que debe comparecer como investigada la alcaldesa Ada Colau a principios de marzo. En concreto, señalan los querellantes que el Consistorio concedió estas ayudas presuntamente de forma "arbitraria y discrecional, sin concurrencia pública", recurrentemente y sin acreditar el interés público con la finalidad de financiar entidades como Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE).

Precisamente, la querella remarca que Colau, y miembros del equipo de gobierno municipal de 'comunes', han mantenido "lazos personales y profesionales" con anterioridad a ocupar los cargos que han permitido "la reiterada concesión de subvenciones". Además, indican que también se han pagado estudios y proyectos, algunos de organizaciones conjuntamente y otros por separado, y muchos con fines similares. El juzgado investiga si existe algún indicio de delito en la aprobación de convenios, concesión de subvenciones directas o la firma de contratos menores para realizar estudios o prestar servicios.

Los querellantes señalan que gracias a estas ayudas se mantiene "la estructura organizativa y los sueldos" de estas asociaciones. Además, remarcan que "uno de los comunes denominadores" de estas entidades es la "pretendida defensa de derechos y las remunicipalizaciones de servicios" y que también recibían ayudas desde otras instituciones como el Área Metropolitana de Barcelona, que también preside Colau. En este sentido, la mayoría de ayudas que pone en tela de juicio la querella están relacionadas con la remunicipalización.

Señala la querella que existen supuestas irregularidades en la tramitación para la concesión de estas ayudas, ya que se les daba un carácter extraordinario para evitar "controles propios de una licitación abierta". Pese a esto, algunas de las partidas son similares a las analizadas por la Fiscalía hace seis meses en una denuncia de la entidad Abogados Catalanes por la Constitución que fue archivada. El Ministerio Público señaló que no existía delito tras analizar los procesos administrativos de concesión de estas ayudas y convenios, que en su mayoría se van renovando desde hace años.

De esta forma la querella, a la que ha tenido acceso este medio, indica que "se han concedido ayudas de forma directa por órgano manifiestamente incompetente, sin existir control sobre los condicionantes de cumplimiento, ni la finalidad y acreditación de las mismas", así como tampoco consta la justificación del destino del dinero. También considera que estas ayudas se han concedido "a sabiendas de su injusticia para favorecer a unas determinadas entidades en detrimento de otras". Por eso creen que se cometieron los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, entre otros.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Barcelona atacó a la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática por su querella contra Colau. "Estamos aquí para denunciar la clara intencionalidad política y el abuso de derecho por parte de los querellantes que han ocultado, en su denuncia, la investigación de Fiscalía" que concluyó que no había indicios de delito, dijo el concejal de Derechos, Marc Serra. Considera que la querella solo se dirija contra alcaldesa y no contra otros concejales o ex concejales ya que "apunta una clara intencionalidad política de persecución contra la alcaldesa con ánimo de atacar su imagen".

El abogado de Colau, Àlex Solà insistió en que la querella pretende "conseguir la declaración de la alcaldesa en condición de investigada" y remarca que existe "mala fe procesal" de los querellantes, que han cometido una "especie de fraude" al ocultar en la denuncia el expediente de Fiscalía, que ahora el juzgado ya ha recabado. Colau tiene previsto acudir a declarar como investigada para explicar todas las irregularidades.

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