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Condenado un policía que trabajaba de actor porno los fines de semana

David es un agente de la Policía Nacional destinado en una ciudad andaluza que en su tiempo libre se dedicaba a participar como actor, junto a su novia, en espectáculos de contenido pornográfico. Nunca solicitó permiso al Ministerio del Interior para simultanear ambas actividades. Pero, si lo hubiera hecho, tampoco lo habría obtenido, dado que su vocación artística, ejercida de forma pública, contribuye al «desprestigio» y al «deterioro de la imagen de profesionalidad y seriedad» del cuerpo (policial).

Así lo considera la sección séptima de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha corroborado la sanción de seis meses de suspensión de empleo y sueldo que la Administración del Estado le impuso en su día a este miembro de las fuerzas de seguridad.

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«En la realidad social en que vivimos», dice la sentencia del TSJ, la actividad del actor pornográfico no se asocia precisamente a las ideas de «profesionalidad, seriedad, prestigio o autoridad».

David, sin embargo, defendió en su recurso que no veía causa de incompatibilidad, dado que no se producía ninguna colisión de horarios entre ambas actividades, utilizaba seudónimos en las redes sociales en las que publicitaba sus servicios como actor porno y nunca cobró por los mismos, circunstancia esta última que pone en duda el tribunal.

El agente, que tenía varios perfiles en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram donde indicaba una dirección de correo a la que podían dirigirse quienes quisieran contratarle para un espectáculo, asegura que ejercía por pura «afición» y sin recibir ningún tipo de compensación económica a cambio. Sostiene que había cedido los derechos de imagen a una productora, que era la que cobraba por los servicios.

Sin embargo, los investigadores llegaron a tomar declaración a la que había sido su novia y compañera artística, quien sí explicó que ella cobraba «300 euros por escena», aunque, matizó, «lo habitual» en este tipo de espectáculos es «que solo cobre la actriz».

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Al margen de si el policía recibía o no una remuneración directa, el tribunal considera en cualquier caso que el agente se beneficiaba de los ingresos por el show que realizaba junto a su novia, ya que esta sí admite que cobraba por el mismo y en ese momento vivían juntos.

En su defensa, David intentó invalidar el testimonio de su ex novia, con la que había roto de forma no amistosa y a la que se había tomado declaración sin su conocimiento y sin haberle dado opción a estar presente en el interrogatorio.

A este respecto, el tribunal considera que, con o sin el testimonio de la mujer, hay pruebas suficientes para sancionar al agente, ya que en ningún momento ha negado su dedicación al mundo del porno y esta segunda actividad no podría ser nunca declarada compatible aunque el funcionario así lo hubiera solicitado formalmente, cosa que tampoco hizo.

La sentencia, de la que es ponente el magistrado Ignacio del Riego Valledor, hace un paralelismo entre la pornografía y la explotación sexual para justificar lo inapropiado de la «afición» del agente: «Aunque el actor no se haya identificado como policía en sus actuaciones, estamos ante un policía nacional destinado en una comisaría de distrito de una ciudad de Andalucía, cuya imagen aparece perfectamente identificable en varios perfiles de redes sociales, algunos con enlaces a páginas web porno de pago, y en los que figuran imágenes y/o vídeos de alto contenido erótico o, simple y llanamente, pornográfico, con el consiguiente desprestigio que ello puede conllevar para la imagen y el prestigio de la Policía Nacional como institución encargada, entre otras cosas, de la lucha contra los delitos de trata de personas y contra delitos de explotación sexual, cuyos autores se sirven también habitualmente de las redes sociales para difundir los contenidos pornográficos derivados de su actividad ilícita».

El tribunal, presidido por la magistrada María Jesús Muriel Alonso, rechaza, por tanto, el recurso que interpuso el agente contra la sanción. El funcionario podrá presentar, no obstante, un recurso de casación.

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Autor: Mediterráneo DigitalWebsite: https://www.mediterraneodigital.com/
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