La nueva Ley de Memoria Histórica incluirá como 'víctimas del franquismo' a los etarras

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El dirigente abertzale Arnaldo Otegi propone la elaboración, de manera consensuada, de una ley vasca de "memoria histórica global", que incluya la puesta en marcha de una "comisión de la verdad" que abarque todas las vulneraciones de derechos humanos desde 1937 hasta la actualidad, incluyendo a los etarras.

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Esta es una de las iniciativas concretas que contiene la propuesta "Un país compartido", elaborada por Otegi y por su grupo de trabajo, en el que participan personalidades como el abogado Iñigo Iruin, la exdiputada de Hacienda de Gipuzkoa Helena Franco, el dirigente de la CUP David Fernández, o la exconsejera vasca de Medio Ambiente Esther Larrañaga, entre otros. Dios los cría y ellos se juntan. Y eso que son radicalmente ateos.

En la presentación de la propuesta, recogida en un libro de 295 páginas, Otegi insistió en que, a pesar del contexto en el que se encuentra inmersa Euskadi, esta reflexión tiene un carácter "estratégico" y mira a largo plazo, más allá de los comicios y para el "conjunto de Euskal Herria".

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"No son propuestas para cuatro años, ni para cuatro meses, ni mucho menos para una campaña electoral", ha dicho Otegi, quien ha explicado que su aportación trata de elevar el nivel del debate político e intelectual sobre los retos de futuro a los que enfrenta "un país que se nos está yendo de las manos".

Se trata de una serie de medidas válidas, ha dicho Otegi, no sólo para Euskadi "sino para el conjunto de las sociedades que quieren construir alternativas reales, igualitarias y más justas en el conjunto de Europa". "Y me atrevería a decir que en el conjunto del planeta", ha apostillado.

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La propuesta aborda diferentes aspectos como la economía, la política fiscal, la industria, la soberanía alimentaria, la cultura, el feminismo, el medio ambiente y también reflexiona sobre la "libertad, la paz y la justicia".

En este último capítulo sitúa el equipo de Otegi su planteamiento de redactar "de forma consensuada con los agentes sociales memorialistas y con las fuerzas políticas" una "ley vasca de memoria histórica global".

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En ella se definiría una comisión de la verdad que estudie cualquier vulneración de derechos cometida desde 1937 hasta la actualidad, desde "ejecuciones sumarias" hasta la "tortura y los malos tratos", pasando incluso por la "sustracción de bebés".

El trabajo plantea la asunción de la competencia de cárceles y la política penitenciaria y el establecimiento de un programa para facilitar el desarme de ETA "y el retorno de sus militantes", un plan que, ante la negativa del Gobierno español a colaborar, se debe basar "en la concurrencia de los agentes implicados, desde la premisa del 'hacer y dejar hacer' lo que corresponda a quien corresponda".

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