El Gobierno destina 11,3 millones de euros a buscar muertos de hace 80 años

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El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 destina 11.356.530 euros a impulsar las políticas de Memoria Democrática, entre las que destaca un plan de exhumación de víctimas de la Guerra Civil y el Rëgimen franquista junto a la creación de un banco nacional de ADN y un censo de víctimas. El Ejecutivo toma de referencia la estimación oficial de parte de los organismos internacionales de derecho humanitario, que cifran en 114.226 los cadáveres que permanecen todavía en fosas.

La cuentas públicas para 2021 cuentan con un presupuesto de 261,6 millones para el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo, y del que depende la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

En la descripción del programa dedicado a Memoria Democrática no aparece ninguna referencia a la resignificación del Valle de los Caídos, prevista en el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática que aprobó en fecha reciente el Gobierno de coalición.

Sí se prevén “actuaciones de intervención” en las criptas del cementerio ubicado en el enclave para “realizar las tareas de exhumación que permitan proceder a la identificación del mayor número posible de los restos allí depositados”, una vieja reivindicación de familiares de enterrados en Cuelgamuros.

Otra de las tareas que se sufragarán en 2021 será la elaboración del censo de simbología franquista, para proceder después a su retirada.

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Los 11,3 millones están previstos para desarrollar medidas relativas a la reparación de las víctimas y a la conservación, defensa, fomento y divulgación de la Memoria Histórica, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007, así como, en un futuro, de la Ley de Memoria Democrática, que acaba de comenzar su tramitación.

Entre las tareas principales figuran el plan de exhumaciones. “La búsqueda de estos desaparecidos constituye una obligación y responsabilidad del Estado, por lo que deberá configurarse como una auténtica política pública que tendrá que impulsar y acometer el Gobierno de manera directa”, señala el documento.

El presupuesto se dedicará a otras cuestiones como subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para actividades relacionadas con la Memoria Histórica; o a la creación de un Banco Nacional de ADN, para facilitar la identificación de los restos exhumados con los posibles familiares de a través de la comparación de estudios genéticos de ADN. Se calcula que en 2021 habrá una recogida de 500 muestras.

También destinarán parte del presupuesto a la apertura de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, que tendrá como objetivo de dar apoyo y asesoramiento a los ciudadanos en relación a las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo. Asimismo, apoyará a las asociaciones y a los descendientes directos de las víctimas que lo soliciten, en las gestiones de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas cuyo paradero se ignore.

Asimismo, en el proyecto presupuestario prevé la elaboración de un Censo Nacional de Víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista, de carácter público, y la creación de otro censo de edificaciones realizadas con mano de obra forzada. También se reservará parte del presupuesto para la Conmemoración del 80 aniversario de la muerte de Azaña, que incluirá una exposición.

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