El CGPJ sentencia que el Gobierno no puede cerrar la FNFF: vulnera la libertad ideológica, de expresión y de reunión

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará el próximo lunes un informe que considera que el intento del Gobierno de acabar con la Fundación Francisco Franco y otras similares vulnera la libertad ideológica, de expresión y de reunión.

La propuesta de informe que se llevará al Pleno del día 7 para su votación revisa el articulado del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, a la que pone numerosas objeciones. Una de ellas, al apartado que prevé el cierre de fundaciones que hagan "apología del franquismo", que vulneraría el criterio del Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de sancionar las ideas.

"La apología del franquismo, sin el requisito adicional de menosprecio o humillación de las víctimas, supone la expresión de ideas respecto de un régimen político contrario a los valores democráticos proclamados en nuestra Constitución, pero, como dice el Tribunal Constitucional, 'al resguardo de la libertad de opinión cabe cualquiera, por equivocada o peligrosa que pueda parecer al lector, incluso las que ataquen al propio sistema democrático. La Constitución -se ha dicho- protege también a quienes la niega'".

Así pues, la referencia a la apología del franquismo "invade claramente el derecho a la libertad ideológica consagrada en la Constitución que, como se ha declarado reiteradamente, no impone un modelo de democracia militante y que tales ideas o creencias, en la medida que no comporten 'incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del Golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales', no pueden servir para la extinción de una fundación o asociación".

Otra crítica a la norma relacionada con este apartado es que no se prevea una protección de víctimas de violaciones de derechos humanos en el mismo periodo que abarca la ley pero de las que sean otros los responsables. Por ejemplo, del estalinismo.

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Eso iría en contra de "las políticas de memoria desarrolladas en los distintos Estados miembros de la Unión" y de la importante Resolución del Parlamento Europeo de de 2019 que pide una cultura común de memoria histórica que rechace "los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas, y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado".

Así pues, el informe no ve problemas en sancionar las actuaciones que inciten directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, pero "siempre que por imperativo de la igualdad ínsita en el mismo principio de dignidad se tutele la dignidad de las distintas víctimas de violaciones de derechos humanos acaecidas en el periodo histórico contemplado por el legislador".

Derecho de reunión

El informe considera que la ley propuesta vulneraría el derecho de reunión, al entorpecer la celebración de "actos públicos contrarios a la memoria democrática". "Del ámbito de aplicación del precepto", dice el informe que votará el CGPJ, "debería quedar claramente excluidos los supuestos de ejercicio del derecho de reunión [...]. Debe recordarse que conforme a la jurisprudencia constitucional, el carácter pacífico de una reunión no se ve alterado por el hecho de que en ella se expresen idea o se persigan objetivos que puedan ofender o molestar a otras personas o colectivos".

La ley establece que los anteproyectos de ley deben someterse a diversos exámenes previos, entre ellos el del CGPJ. También el del Consejo Fiscal, que recientemente apoyó muy dividido el informe favorable a la Ley de Memoria Democrática.

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