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El Gobierno inicia los trámites para la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco

El Gobierno busca liquidar la Fundación Nacional Francisco Franco. A través del Protectorado de Fundaciones ha comenzado a estudiar la aplicación de la ley de Memoria Democrática aprobada en octubre para extinguir esta entidad inscrita en el registro de fundaciones desde 1977. Se trata de una demanda histórica de asociaciones de víctimas, grupos memorialistas y partidos de izquierdas, aunque la última palabra la tendrá un juez.

El Protectorado de Fundaciones examina cómo aplicar la nueva ley tanto con la Fundación Franco como con otras organizaciones, revela una portavoz gubernamental. No obstante, no precisa el número de organizaciones que pueden verse afectadas. Juan Chicharro, presidente de la entidad, advierte de que acudirán a los tribunales para impedir su extinción.

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Según publica The Objective, los expertos consultados revelan que, para culminar la operación, la oficina dependiente del Ministerio de Cultura deberá presentar una solicitud de ilegalización ante los juzgados, que serán quienes avalen la decisión. El Gobierno no puede proceder a su extinción de manera unilateral porque no tiene potestad para hacerlo.

Enaltecer a Franco

El trámite administrativo que pone en marcha el proceso aún no se ha producido. La investigación se encuentra en una fase inicial. El objetivo es discernir qué fundaciones son susceptibles a la extinción por realizar apología del franquismo, ensalzar el golpe de Estado y la dictadura, enaltecer a sus dirigentes o humillar a las víctimas, como establece la disposición adicional quinta de la nueva norma.

La liquidación de la Fundación Francisco Franco se antoja complicada. El proceso puede durar varios años, subrayan los expertos. «No será inminente», reconoció el ministro de Presidencia y Memoria Democrática, Félix Bolaños, cuando comenzó el trámite parlamentario de la nueva ley. Su aprobación definitiva se produjo el pasado octubre, tres años después de la exhumación del General en el Valle de los Caídos.

La ley de Memoria Democrática aprobada en octubre modifica diversos preceptos del régimen de extinción y liquidación de las fundaciones, por lo que incluye un cambio en la ley de Fundaciones de 2002. La disposición adicional quinta de la nueva norma dispone liquidar entidades que «no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo». Entre esas causas incluye la apología del franquismo o el enaltecimiento de sus dirigentes.

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La disposición continúa afirmando que corresponde al Protectorado «instar judicialmente la extinción de la fundación por concurrencia de esta causa». El juez puede acordar la suspensión provisional de sus actividades hasta que dicte la sentencia definitiva, según los artículos 721 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento Civil. La disposición final segunda de la nueva norma modifica el artículo 33 de la ley de Fundaciones, ampliando las causas de liquidación de estas.

«La ley de Memoria Democrática es inconstitucional, sectaria y totalitaria», asegura al diario The Objective Juan Chicharro, presidente de la Fundación Francisco Franco. En su opinión, la entidad que lidera «no menosprecia ni humilla a víctima alguna ni por supuesto incita al odio y a la violencia, requisitos indispensables que marca la norma». Este general retirado cree necesario definir el significado de «hacer apología del franquismo» y avanza que darán la batalla en los juzgados.

Chicharro se rebela. Cree que su organización trata «con perspectiva histórica» el franquismo, «cuando se produjo la mayor transformación social de nuestra historia». Se queja de que no se ponga el mismo interés en la extinción de fundaciones de carácter marxista cuando «una resolución del Parlamento Europeo recomendó su disolución». 

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Autor: Mediterráneo DigitalWebsite: https://www.mediterraneodigital.com/
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