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Gana la Banca: exentos de pagar impuestos en los préstamos al Estado y a los partidos políticos

pedro sanchez foto

Este sábado entra en vigor el Real Decreto-ley 17/2018 aprobado en el Consejo de Ministros de este jueves por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) y se establece que será la banca, y no el cliente, quien deba pagar dicho impuesto.

Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan. Cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista, es decir, al banco.

Además, el Real Decreto introduce un nuevo artículo en el apartado de exenciones por el que no estarán sujetas al impuesto "las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria en las que el prestatario sea alguna de las personas o entidades incluidas en la letra A) anterior".

Estas entidades son, por un lado, el Estado y las Administraciones Públicas Territoriales e Institucionales y sus establecimientos de beneficencia, cultura, Seguridad Social, docentes o de fines científicos, según informa Europa Press.

Asimismo, están exentos los establecimientos o fundaciones benéficos o culturales, de Previsión Social, docentes o de fines científicos, de carácter particular, debidamente clasificados, siempre que los cargos de patronos o representantes legales de los mismos sean gratuitos y rindan cuentas a la Administración. El beneficio fiscal se concederá o revocará para cada entidad por el Ministerio de Economía y Hacienda, de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se determine, y las cajas de ahorro únicamente podrán gozar de esta exención en cuanto a las adquisiciones directamente destinadas a sus obras sociales. La banca tampoco tendrá que asumir este coste en el caso de las hipotecas que soliciten, por ejemplo, los partidos políticos.

También están exentas las asociaciones declaradas de utilidad pública dedicadas a la protección, asistencia o integración social de la infancia, de la juventud, de la tercera edad, de personas con minusvalías físicas o psíquicas, marginadas, alcohólicas, toxicómanas o con enfermedades en fase terminal. Por último, tampoco se pagará el IAJD en las hipotecas concedidas a la Cruz Roja Española.

Lo cierto es que, hasta ahora, cuando el IAJD corría a cargo de los clientes y no de las entidades bancarias, Iglesia, Administraciones Públicas, partidos políticos y el resto de las citadas instituciones también estaban exentos de su pago. El decreto aprobado ahora por el Ejecutivo de Pedro Sánchez libera a los bancos de asumirlo para estos supuestos a partir de ahora.

Eso sí, en un contexto en el que las entidades financieras ya preparan condiciones más elevadas para la concesión de hipotecas para poder mitigar el impacto en sus cuentas de la asunción de este tributo, esta exención para los bancos puede hacer que ellos tengan acceso a unas condiciones hipotecarias más ventajosas que el resto, puesto que su firma tendrá menos coste para las entidades.

Además de la modificación del artículo 29 de la ley del ITP y AJD, en el que se incluye un párrafo que aclara que cuando se trate de escrituras de préstamos con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista, el real decreto también modifica el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para establecer que las entidades financieras no podrán deducirse este pago en el Impuesto sobre Sociedades.

La publicación de estas modificaciones en el BOE se explican por "una situación de extraordinaria y urgente necesidad que justifica una acción normativa del Gobierno al amparo del artículo 86.1 de la Constitución Española".

Entre las razones que se indica, el Gobierno apunta que la situación de incertidumbre generada hace necesario fijar de un modo preciso un marco jurídico que establezca las reglas de una actividad mercantil tan común como el contrato de préstamo con garantía hipotecaria. Así, el Ejecutivo apela a su mandato constitucional de "garantizar a los ciudadanos sus derechos como consumidores, dentro de los que ha de entenderse el de contar con un marco jurídico estable y claro".

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