
Un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria investiga a la delegada del Gobierno para la lucha contra la violencia de género, la podemita Victoria Rosell por los presuntos delitos de denuncia falsa y simulación del delito contra su exempleada del hogar. Según consta en el auto, el juzgado número 7 de la capital grancanaria ha abierto diligencias previas en respuesta a la querella presentada en noviembre por la extrabajadora de la que el magistrado Francisco Javier GarcíaGarcía-Sotoca entiende que los hechos que describe "presentan características que hacen presumir la posible existencia" de los citados delitos.
Denuncia por despido improcedente
Se trata de una nueva actuación judicial dentro de un proceso que se inició tras el despido de la empleada. Fue entonces cuando la mujer., de origen boliviano, interpuso la primera denuncia contra Rosell y su marido, Carlos Sosa, en los juzgados. Por despido improcedente. Les reclamaba una indemnización de 11.000 euros, tras ser despedida mientras se encontraba de baja laboral, en plena pandemia de Covid-19 además de denucniar varios pagos en negro. En esa ocasión, la justicia desestimó la denuncia al considerar que se trató de un desestimiento legítimo del empleador.

Denuncia por extorsión y amenazas
Rosell por su parte presentó una denuncia contra la que fuera su trabajadora, Simona Chambi, por extorsión, amenazas o coacciones y estafa procesal pero el Alto Tribunal Autonómico también la desestimó al no ver ningún comportamiento constitutivo de infracción penal. Ahora, esta denuncia, presuntamente falsa, es la que ha llevado a la extrabajadora a querellarse contra Rosell para la que pide tres años de prisión y la imposición de una fianza de 60.000 euros con la que hacer frente a una posible indemnización “por el lucro cesante y los daños morales sufridos durante los últimos dos años”.
Chambi deberá declarar ante el juez el próximo 20 de febrero momento en el que deberá ratificarse en los hechos que le imputa a la exjueza Rosell.
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