Una jueza ordena enterrar a una niña presuntamente asesinada por su madre en contra de la voluntad del padre

Al no tener dinero para los gastos del sepelio ni la conservación del nicho, los restos de la pequeña de dos años podrían terminar en una fosa común.

Laia, una niña de dos años, murió en enero del año pasado en el domicilio familiar de Zaragoza de forma "lenta y agónica" por un centenar de contusiones, según confirmó la autopsia.

Su madre y su padrastro fueron detenidos como presuntos autores de los golpes y el maltrato que le ocasionaron la muerte. Inicialmente declararon que se había caído por las escaleras y la metieron en la bañera para despertarla, algo que no consiguieron.

Desde entonces el cadáver de la pequeña permanece en el interior de una cámara frigorífica del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón, por un conflicto surgido entre los progenitores sobre dónde debe ser enterrada.

El padre biológico, Manuel Ardila, solicitó al Juzgado que fuera enterrada en Lloret de Mar, la localidad catalana donde reside, así como el resto de la familia materna. Además, "era el domicilio de los menores antes de que los investigados se los llevaran a Zaragoza sin informar a nadie e incumpliendo el régimen de estancias establecido judicialmente".

Por este motivo, "además de por los malos tratos continuados que sufrían los menores, se siguen ante el Juzgado de Instrucción 3 de Blanes diligencias por la presunta comisión de un delito de sustracción de menores". Para el padre, Zaragoza representa "el macabro escenario de las torturas que sufrió hasta su fatídica muerte" su hija.

En su escrito dirigido al juzgado, rechazaba que Vanesa M. P., madre de la niña, acudiese a la inhumación, aludiendo a "los daños psicológicos para el resto de hijos y la familia paterna y la alarma social que acarrearía que la presunta asesina y torturadora de Laia asista".

Sin embargo, la madre ha insistido en que sea en la capital aragonesa donde Laia reciba sepultura y, según ha confirmado este periódico, el juzgado le ha dado la razón.

Ahora, según publica este viernes El Periódico de Aragón, la nueva magistrada del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, María José Moseñe, ha dictaminado que sea enterrada en la capital aragonesa.

En su día, la Audiencia Provincial de Zaragoza se pronunció en favor de que la sepultura fuera en la capital aragonesa. Razonaba que el asunto estaba en fase de instrucción y considerando que "lo más adecuado, en este momento procesal, es que el cadáver se encuentre en el mismo término municipal que el Juzgado que está conociendo de los hechos".

En estos momentos, la instrucción puede darse por finalizada y, sin embargo, la juez emplea dicho argumento para mantener que debe ser enterrada en Zaragoza.

Se da la circunstancia de que Vanesa M. P., que permanece en prisión provisional en la cárcel de Zuera (Zaragoza), ha solicitado ser trasladada a un centro penitenciario de Palma de Mallorca, ciudad en la que nació y en la que tiene familia. De esta manera, Laia estaría enterrada en Zaragoza a cientos de kilómetros de su madre y de su padre biológico.

Además, la madre aseguró a la juez que no tiene dinero para poder hacer frente a los gastos propios de un sepelio. Por eso ha solicitado al Ayuntamiento de Zaragoza que se haga cargo del mismo bajo el amparo de la beneficencia.

El Consistorio zaragozano no ha rechazado la petición, aunque ha advertido que el protocolo marca que, a partir de los cinco años, el cadáver será exhumado y que acabará en la fosa común como el resto de quienes no pagan la tasa de mantenimiento de su nicho.

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