La titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha citado a declarar el próximo 5 de junio en calidad de investigado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación al haber permitido entre otras concentraciones masivas la marcha feminista del 8 de marzo pese al avance de la epidemia de coronavirus.
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En una providencia notificada este lunes, la juez convoca a Franco por videconferencia a las 9 de la mañana y llama asimismo en calidad de testigos para que comparezcan a continuación al secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera, al jefe de Gabinete del delegado Luis María Sanz y al director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas.
La causa se abrió a instancias de un particular que se querelló contra el delegado del Gobierno en Madrid, entre otros, por haber permitido las concentraciones multitudinarias en las dos primeras semanas del mes de marzo, antes de la declaración del estado de alarma, cuando ya constaba al menos un aviso del Centro europeo para la prevención y el control de enfermedades sobre el avance del coronavirus.
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Tras admitir a trámite la querella, la juez imputó inicialmente a Franco delitos de lesiones por imprudencia y prevaricación. No obstante, tras recibir un informe forense que no encontraba relación causa efecto entre acudir a una manifestación como la del 8M y contagiarse, decidió retirar la primera imputación y ahora investiga al delegado del Gobierno por la segunda.
En este contexto, además de citarle a declarar, ordena otra serie de diligencias que habrán de practicarse a partir de esa misma semana, dado que el 4 de junio se alza la congelación de los plazos procesales de la justicia que se impuso con el Estado de alarma.
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La juez adopta esta decisión después de recibir un atestado de la Guardia Civil sobre encuentros en los que habían estado el ministro Salvador Illa y el propio Ferrando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, escasos días antes de que se celebrase en Madrid, con el visto bueno de la Delegación del Gobierno, la manifestación del Día de la Mujer.
Previamente, el médico forense adscrito al juzgado aportó un informe donde concluyó que es "cierto y seguro que de haberse evitado esas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad".
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El médico sostuvo que las autoridades debieron "haber advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio para que los ciudadanos adoptaran las medidas higiénicas para su protección en relación a la gravedad de la enfermedad". Sin embargo, el facultativo subrayó que "no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones -la juez le preguntó sobre las celebradas entre el 5 y 14 de mayo- y haya resultado infectada por el virus Covid-19 lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte público o establecimiento".
No obstante, en su investigación sobre hasta qué punto era conocedora la Delegación del Gobierno de la propagación de la pandemia y las advertencias sobre el distanciamiento social al respecto, la juez se dirige asimismo al Ministerio de Sanidad para que su Secretaría General informe sobre la difusión que dio a un oficio del 3 de marzo con una "recomendación de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus Covid-19".
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