El ministerio que dirige Irene Montero entra de lleno en una nueva polémica y anuncia que los compañeros de piso serán considerados familia a efectos legales. Así lo ha deslizado este miércoles en el Congreso su número 2, Ángela Rodríguez Pam, en el marco de una comparecencia en la Comisión de Igualdad para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha condenado a una clínica oftalmológica de Oviedo a readmitir a una trabajadora al declarar improcedente su despido motivado por 176 retrasos de puntualidad en el trabajo en un periodo de cinco meses.
Cathy Richardson ha sido criticada por la policía de Essex, Reino Unido, por pervertir el curso de la justicia, hacerles perder el tiempo y «perjudicar» a las víctimas reales de delitos sexuales.
Todo acto sexual sin consentimiento expreso se considerará una violación a partir de este viernes 7 de octubre con la entrada en vigor de parte de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como las Ley 'solo sí es sí', que elimina la distinción entre agresión sexual y abuso y sitúa el consentimiento en el centro.
Irene Montero, a través del Instituto de las Mujeres, ha adjudicado por 18.148 euros un contrato para realizar un estudio sobre La sexualidad de las jóvenes en el contexto español. Concluye que el tipo de relaciones más frecuentes son el «sexo con otra persona con penetración vaginal (pene-vagina)» (74,6%), seguido de la «autoestimulación (masturbación)» (66,5%).
El Ministerio de Igualdad quiere resolver los problemas que considera que existen en España a golpe de cartel. El departamento de Irene Montero, según los datos que ofrece su equipo y publica Okdiario, ya ha gastado 434.576 euros en el diseño e impresión de ilustraciones para diversas campañas. Algunas iniciativas pagadas con dinero público pasan por la lucha contra una supuesta fobia a las personas con sobre peso en las playas españolas o a las personas que dicen no ser ni hombres ni mujeres ni trans, las «personas no binaries (sic.)».
La Audiencia de Zaragoza no ha encontrado pruebas que permitan condenar al joven inmigrante senegalés Ndao L., para el que su propia pareja solicitó una pena de diez años de prisión por un delitos de abusos sexuales continuados y malos tratos tanto físicos como psicológicos. La mujer, de origen colombiano, llegó a España sin papeles a finales de 2019 y se puso a trabajar en un club, lugar donde conoció al acusado. Y fue este quien, tras un par de encuentros, le propuso iniciar una relación sentimental y abandonar el prostíbulo. Como recuerda ahora el tribunal, el hombre alquiló un piso para que ella se fuera allí a vivir y pudiera ganarse la vida subarrendando habitaciones. Pero la relación se torció y él acabó sentado en el banquillo de los acusados.
