La Audiencia de Cantabria ha condenado a 15 años de cárcel por homicidio a la mujer acusada de matar a su pareja en Castro Urdiales (Cantabria) en 2019 y hacer desaparecer el cuerpo, salvo el cráneo que entregó a una amiga, y que fue considerada culpable en noviembre en un juicio con jurado.
El código deontológico sobre la publicidad no sexista de juguetes entrará en vigor este jueves, 1 de diciembre, con lo que la publicidad tendrá que ser mixta y ya no se podrán ver en televisión anuncios de nueva producción de muñecas en brazos solo de niñas o a estas jugando a las 'cocinitas'.
La Inspección de Trabajo de Cataluña, organismo oficial formado por un consorcio del Ministerio de Trabajo y de la Generalitat de Cataluña, ha multado con 7.501 euros a una panadería de Parets del Vallés (Barcelona) por publicar una oferta de trabajo para buscar un «maestro pastelero». Los inspectores consideran que se debería haber plasmado en el anuncio «maestro pastelero o maestra pastelera», para así incluir a candidatas mujeres. Así consta en una extensa resolución oficial de 15 páginas en el que exponen todo este caso ligado al lenguaje fechada a 14 de noviembre de 2022.
Una mujer se enfrenta a dos años y medio de prisión por, presuntamente, acosar durante semanas a su exnovio en 2020 y además irrumpir en la vivienda del hombre, ubicada en Palma. Asimismo, el Ministerio Fiscal también solicita que la acusada, de nacionalidad española, indemnice con 1.000 euros al perjudicado por los daños morales ocasionados. El juicio está previsto que se celebre próximamente en un juzgado de lo Penal de Vía Alemania.
El Tribunal Supremo rebaja un año las condenas a los agresores sexuales del caso Arandina por la Ley Montero. El Alto Tribunal ha sentenciado a 9 años de cárcel a los dos ex jugadores condenados, lo que supone elevar sus penas, desde los 4 y 3 años que había fijado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), porque elimina una atenuante, estimando así el recurso de Fiscalía, aunque no íntegramente porque el Ministerio Público pedía 10 años de condena y el Supremo lo ha dejado en un año menos por la aplicación de la ‘ley del solo sí es sí’.
El Tribunal británico de Apelación confirmó este viernes la legislación que permite el aborto de fetos con síndrome de Down hasta el momento del nacimiento, tras rechazar un recurso presentado por una mujer que sufre ese trastorno genético y una madre de un niño que también lo padece.
Fue un caso realmente complejo. El ovetense Víctor Armando Cuartas fue condenado en 2015 por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Asturias por violar a su hija entre 1983 y 1996, desde que ella tenía tres o cuatro años hasta que casi alcanzó la mayoría de edad. Ella intentó denunciar con quince años, pero no le hicieron caso ni la Policía Nacional ni su propia madre. Años después, logró arrancar a su padre una confesión durante una conversación telefónica y no dudó en denunciarle. El caso estuvo a punto de malograrse porque rozaba prescripción. Pero finalmente el hombre, que tenía entonces 66 años, fue condenado a la pena mínima, ocho años de prisión. El motivo: había transcurrido el 90 por ciento del tiempo para que el delito prescribiese, esto es, por la tardanza en la denuncia, presentada en 2011.
