La viuda de uno de los guardias civiles asesinados impide a Marlaska condecorar a su marido en el funeral

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La viuda de David Pérez Carracedo, uno de los guardias civiles fallecidos tras embestir su embarcación una narcolancha en el puerto de Barbate el pasado viernes, ha protagonizado esta mañana una escena durísima en el funeral de su marido en la Comandancia de la Guardia Civil en Pamplona. La mujer ha impedido a Fernando Grande-Marlaska colocar la medalla de condecoración al féretro cuando el ministro del Interior se ha acercado, tal y como relatan fuentes presenciales.

Los hechos se han producido durante el acto de imposición de la condecoración a título póstumo a uno de los guardias asesinados en Barbate que estaba destinado en el Grupo de Acción Rápida (GAR) de Pamplona. Según fuentes presentes en la capilla ardiente, en el momento en que Marlaska iba a poner la medalla sobre el féretro, la viuda se ha dirigido hacia él y se lo ha impedido, diciendo a voz en alto que que se negaba a que fuera él quien le condecorase.

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Marlaska ha tenido que volver a su sitio con visible semblante de disgusto, en presencia de varios cientos de guardia y paisanos que han aplaudido a la viuda. Altos mandos del Instituto Armado se han apresurado a hablar con ella pero "se ha mantenido firme diciendo bien alto que no iba a aceptarlo", añaden las fuentes consultadas.

La viuda ha llegado a verbalizar incluso que prefería renunciar a la cantidad económica que lleva aparejada esta condecoración. "Ha sido una escena durísima, ha recordado a los tiempos de ETA", apuntan otras fuentes presentes en la capilla ardiente.

Desde el Ministerio del Interior han evitado pronunciarse sobre la escena que se ha vivido en la iglesia. "No vamos a entrar", han zanjado fuentes ministeriales. "El ministro ha acudido para mostrar sus condolencias y su respeto. La medalla ha quedado impuesta a título póstumo", han aclarado.

La actitud que ha escenificado la viuda del agente es un reflejo del profundo malestar que hay en la Guardia Civil con la gestión del ministro en el Campo de Gibraltar. El descontento alcanzó su clímax el viernes, con las muertes de los dos guardias civiles en una zona tomada por los clanes de la droga en la que los agentes llevan años reivindicando más medios logísticos y humanos.

El fallecimiento de los dos guardias civiles ha agravado las críticas a Grande-Marlaska por haber desmantelado en septiembre de 2022 el grupo de élite del Cuerpo para luchar contra las familias de traficantes en el Estrecho creada en 2018 y que tan buenos resultados había cosechado desde su puesta en marcha.

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Interior decidió prescindir del Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON) Sur -integrada por 130 agentes especializados en la lucha contra el tráfico de drogas y actividades ligadas a ella como el blanqueo de capitales, el crimen organizado y la corrupción-, a pesar de haber pulverizado las estadísticas en detenciones e incautaciones de alijos desde su creación. Era un grupo en comisión de servicio disponible las 24 horas y los siete días de la semana.

La actitud de la viuda del agente encuentra también encaje en las declaraciones de la fiscal Antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, en la que denunció que los medios disponibles desplegados en la zona eran suficientes para hacer frente al universo delincuencial.

La fiscal alertaba en Hora 25 de la situación: «Las narcolanchas campan a sus anchas en todos los muelles. Llevamos diciéndolo mucho tiempo. Lo que no esperamos es que mañana vengan al funeral a dar muchos pésames cuando después no dan los medios que hacen falta».

Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional llevan años urgiendo a Interior la declaración urgente del Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad (ZES). La denominación conlleva la aplicación de fórmulas de incentivos laborales y económicos similares a los que perciben los agentes destinados en el País Vasco o en Navarra. Cataluña también está en este proceso. Se trata, en definitiva, de un plus por la aspereza del destino. Nunca se ha tenido en cuenta en la zona de Cádiz.

La insuficiencia de medios y el acoso de los clanes a las familias de los agentes hacen que las plantillas no se consoliden. De hecho, todos los años cerca del 40% de la plantilla policial (300 efectivos) solicita el traslado

David Pérez, de 43 años, estaba casado y tenía dos hijos. Nacido en Barcelona, desarrolló su trayectoria en Navarra, donde llevaba destinado desde hace más de una década. Pertenecía al GAR de Pamplona y se encontraba actualmente en comisión de servicio en la provincia de Cádiz.

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Autor: El Mundo

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