
Turquía ha requisado cientos de respiradores para enfermos críticos de coronavirus comprados y pagados por varias comunidades ante la impotencia del Gobierno de España. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha admitido este viernes en rueda de prensa que el Gobierno turco ha decidido quedárselos «para el tratamiento de sus propios enfermos». Lo publica El Mundo.

Arancha González Laya explicó en una rueda de prensa telemática desde el Palacio de La Moncloa que, en los últimos días, el Gobierno turco ha impuesto restricciones «de amplio espectro» a la exportación de productos sanitarios para «abastecer su propio sistema sanitario frente a esta pandemia». La cuestión es que la carga requisada no es una exportación de Turquía, sino que fue adquirida en China por las comunidades de Castilla-La Mancha y Navarra. Ankara sólo era una escala en su viaje a España, pero la aduana retuvo el cargamento el sábado. Y el Gobierno turco ha decidido quedárselo. Los únicos buenistas y samaritanos del mundo, somos nosotros.
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La ministra ha hablado esta semana tres veces con el titular de Exteriores turco para desbloquear el cargamento. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, también lo ha hecho con su homólogo. Pero sin éxito. De hecho, el Gobierno da por perdido el material. Como dijo ayer González Laya cuando fue preguntada por este diario: «Hasta aquí hemos podido llegar».
El avión bloqueado tiene material sanitario comprado por el Ministerio de Sanidad y, al menos, por los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha y Navarra.
Los respiradores habían sido comprados y pagados por estas administraciones para reforzar sus UCI ante la expansión del coronavirus. De hecho, deberían haber llegado el sábado pasado.

Nos roban 3 millones de euros
El Gobierno de Castilla-La Mancha, que preside Emiliano García-Page, lamentó ayer que Turquía «haya decidido unilateralmente requisar» los 150 respiradores que había adquirido por tres millones de euros que ya había abonado. El Ejecutivo regional espera ahora que España emita una queja diplomática ante unos hechos «que rozan lo delictivo», como aseguró en una nota oficial.
Esos tres millones de euros es lo que cuestan durante un año, por ejemplo, las becas de comedor para familias desfavorecidas de la región.
Somos los gilipollas del mundo. ¿Le harían lo mismo a Francia, Rusia o a Estados Unidos? Nadie respeta a un país que no se respeta ni a sí mismo. Vergüenza ajena.