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España | Política

Si Puigdemont no va a la Audiencia Nacional, España pedirá su detención

puigdemont-prision

El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y sus exconsellers han sido citados a declarar como imputados por rebelión, sedición y malversación este jueves y viernes en la Audiencia Nacional. La incógnita que se abre ahora es saber si acudirán o no después de que Puigdemont haya explicado que no regresará de Bélgica hasta que no tenga "garantías" de un "juicio justo" en España

Si no se presenta, la juez de la Audiencia Carmen Lamela -que ya investigaba al exmayor de los Mossos y a los presidentes de ANC y Òmnium y que ha asumido la nueva querella de la Fiscalía contra el ex Govern- podría ordenar directamente su detención a petición del Ministerio Público. También cabría la posibilidad de que la magistrada le ofrezca una segunda citación, según los expertos consultados por Europa Press.

En el caso de que el expresidente y sus exconsellers no acudan, la Fiscalía podría pedir a la juez que libre las correspondientes órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) y, de aprobarlas la magistrada, las autoridades belgas tendrían que proceder al arresto de Puigdemont y sus consellers, informa Efe.

Pasarían entonces a disposición de un juez belga, que decidiría si los mantiene en prisión o los deja en libertad hasta que se resolviera la ejecución de la euroorden. La decisión final sobre su entrega a España tendría que tomarse en un plazo máximo de 60 días a partir del arresto.

Las euroórdenes, un sistema ágil de entrega

Las órdenes europeas de detención o euroórdenes sustituyen entre los Estados miembros de la Unión Europea (UE) al procedimiento de extradición con un sistema ágil de entrega que se aplica en España desde 2004, después de que se traspusiera a nuestro ordenamiento una directiva europea de 2002.

El procedimiento de la OEDE persigue simplificar los trámites y la documentación a remitir mediante la creación de un documento único para tramitarla.

La regulación europea reduce los motivos de denegación de la extradición y suprime el principio de doble incriminación en determinadas circunstancias, concretamente en una lista de delitos en la que no está la rebelión y la sedición, pero sí algunos de corrupción, por lo que cabría la posibilidad de que se le aplicara a Puigdemont, que está imputado por malversación.

En caso contrario, los delitos que se achacan al expresidente catalán deben estar tipificados en el ordenamiento jurídico belga para que se pueda proceder a la orden de detención y entrega.

60 días a partir de la detención para decidir

Según el ordenamiento jurídico belga, los seis ex altos cargos catalanes serían detenidos y puestos a disposición del juez, que decidiría sobre su puesta en libertad o mantenimiento en prisión hasta que se resolviese sobre la ejecución de la orden.

Si los reclamados aceptasen su entrega a España, esta se haría sin más complicaciones, pero, de lo contrario, la decisión correspondería a la Cámara del Consejo de Bruselas, que dispondría de un plazo de 15 días.

Su decisión es recurrible en apelación (con lo que se abriría un nuevo plazo de 15 días) y en último caso ante la Corte de Casación, que dispondría del mismo tiempo para resolver.

Pero además, el juez instructor podría considerar que la información contenida en la orden de detención no es suficiente y requerir el envío de información complementaria.

La ley belga establece una serie de motivos por los que la orden puede ser rechazada, como por ejemplo la existencia de razones para creer que su ejecución tendría como efecto una vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada recogidos en el Tratado de la Unión Europea.

En cualquier caso, si las personas afectadas aceptan la entrega, esta debe realizarse en los diez días siguientes; si no la aceptan, la decisión debe tomarse en un plazo de 60 días a partir de la detención.

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