Las cárceles catalanas otorgan el segundo grado a los presos del procés

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Las juntas de tratamiento de las tres cárceles donde están ingresados los líderes secesionistas condenados por sedición han propuesto clasificar en segundo grado (régimen ordinario) a los nueve condenados. Por el momento, descartan concederles el tercer grado (semilibertad). Así lo ha anunciado el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat, Amand Calderó, en una rueda de prensa celebrada este miércoles en Barcelona.

«Después de un intenso debate y sin unanimidad, la propuesta de clasificación ha sido de segundo grado para los nueve casos», ha señalado Calderó. «Las penas las imponen los jueces, la Generalitat no dicta las sentencias, solo le corresponde ejecutarlas. Las prisiones no son lugares de castigo, sino lugares de rehabilitación», ha añadido.

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Las «juntas de tratamiento» las cárceles donde están presos los líderes del «procés» se han reunido esta mañana para aprobar su propuesta sobre su clasificación penitenciaria, que podría permitirles salidas diarias, en una resolución que la Generalitat y la Fiscalía tendrán que revisar. Para sus decisión, las juntas han tenido en cuenta factores como la conducta en prisión, los hábitos laborales, el apoyo social y familiar o la falta de antecedentes para asignar a los presos uno de los tres grados penitenciarios: el primero, con las medidas de control más restrictivas, el segundo -ordinario- o el tercero, que les permitiría salir a diario y regresar a la cárcel solo a dormir.

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Tercer grado

Nada en la legislación impide que los líderes del 1-O sean clasificados de entrada en tercer grado -de hecho un 40% de los reclusos sin antecedentes lo son-, pero la larga duración de sus condenas dificulta que puedan beneficiarse del régimen abierto de forma inmediata: aunque los hay, son contados los casos de presos con penas de cárcel de dos dígitos que lo han logrado.

El segundo grado, no obstante, puede flexibilizarse hasta igualar sus condiciones a las del régimen abierto, a través de dos supuestos del reglamento -como el artículo 100.2 que se aplicó a Oriol Pujol o el 117 a Iñaki Urdangarin- que autorizarían a los presos a salir de la cárcel durante el día, principalmente para participar en actividades de voluntariado o trabajar, informa Efe.

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La opción del régimen ordinario flexibilizado posibilitaría esquivar el control del Supremo: a diferencia del tercer grado, en el que la última palabra la tiene el tribunal sentenciador, los artículos del reglamento penitenciario son revisados por el juez de vigilancia y los recursos se agotan en la Audiencia de Barcelona. En ambos casos, puede ser clave el papel de la Fiscalía si decide recurrir los beneficios penitenciarios, una posición que despierta recelos en el Departamento de Justicia por la beligerancia con que el ministerio público ha criticado su gestión de los políticos presos en anteriores ocasiones.

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De hecho, en su memoria del año pasado, la Fiscalía cuestionó la imparcialidad de las autoridades penitenciarias catalanas para evaluar a los presos una vez condenados, al tiempo que criticaba la «anormal» presencia de políticos catalanes en la cárcel de Lledoners y las asiduas manifestaciones alrededor del centro.

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