Referéndum de Cataluña: ¿por qué un marroquí puede votar pero un madrileño no?

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España vive inmersa en una cascada de actualidad sobre el referéndum de Cataluña. Unos se muestran a favor, otros en contra, otros gritan a los cuatro vientos que se acogen al derecho a decidir y otros piden una actuación más amplia y fuerte del Estado en Cataluña. Pero, ¿qué dice la legalidad de todo esto?

Solo el Estado puede convocar referéndums

En primer lugar, ninguna comunidad autónoma de España tiene el poder jurídico de convocar un referéndum. Solamente el Estado puede convocar una consulta vinculante, según lo establece el artículo 149.1 32ª de la Constutución. El apartado 1 en su punto 32 asegura que el Estado es el único que puede aprobar una "autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum". Esa es la primera ilegalidad de la Generalitat, convocar un referéndum de manera unilateral cuando no tienen potestad para ello.

Tienen que votar todos los españoles

En el artículo 92 de la Constitución Española se puede encontrar otro condicionamiento incumplido por la Generalitat. En este punto, según la Carta Magna, "las decisiones políticas de especial transcendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos", es decir de todos los españoles. "El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución".

Aunque sí existe una ley orgánica que permite a las comunidades solicitar al Congreso de los Diputados la convocatoria de un referéndum en el que solo voten los ciudadanos residentes en esa comunidad, Cataluña no podría acogerse a esa disposición. Es decir, la Constitución permite votar solo a una parte del territorio nacional cuando se refiere a la aprobación de un estatuto de autonomía. De hecho, en Cataluña en el año 2006 hubo un referéndum para votar sobre la propia reforma del 'Estatut'.

Título Preliminar y artículo 168

En el título preliminar del artículo 2 de la Ley de leyes podemos leer lo siguiente: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles".

Para poder convocar un referéndum en el que se independice un territorio tendríamos que mirar el artículo 168 de la Constitución. Allí encontramos lo siguiente: "Cuando se propusiese la revisión total de la Constitución o de una parcial que afecte al Título Preliminar [...] se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes. Las Cámara elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación."

Esto quiere decir que primero el Congreso y el Senado tendrían que aprobar esa modificación del Título Preliminar de la Constitución con una mayoría de dos tercios. Después disolverse, convocar elecciones generales, que los nuevos representantes aprueben de nuevo la modificación y después convocar un referéndum para toda España.

Todos los españoles tendrían derecho a voto

Es decir, para que un hipotético referéndum de independencia de Cataluña fuese legal, tendríamos que poder votar todos los españoles, hasta en dos ocasiones: una mediante elecciones generales y otra mediante referéndum. Siguiendo la legalidad, la consulta vinculante de autoderminación afectaría a toda España que tendría que decidir si quiere o no la secesión de una parte de su territorio nacional.

Lo que pretende la consulta de autoderminación convocada de manera unilateral por la Generalitat es que voten solo los residentes en Cataluña, ojo ni siquiera todos los catalanes. Los nacidos en Barcelona, Lérida, Gerona o Tarragona que viven en Madrid, Galicia, Andalucía en cualquier punto del territorio nacional o en el extranjero, al no estar empadronados en Cataluña no pueden votar este 1 de octubre. Sin embargo, los que si tienen derecho a voto son todos los inmigrantes que estén empadronados en Cataluña antes del 31 de diciembre de 2016. Es decir, un marroquí que viva en Vic desde hace un año, que ni siquiera hable catalán ni sepa absolutamente nada de nuestra historia, puede decidir sobre el futuro de Cataluña y España, pero un catalán de ocho generaciones que resida en Madrid no. Curioso.


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