La Fiscalía ha presentado este viernes sus conclusiones provisionales contra los líderes del proceso soberanista catalán, y a los que acusa de un delito de rebelión y pide 25 años de prisión para el ex vicepresidente Oriol Junqueras, 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Josep Rull y 17 para los Jordis y la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell.
En su escrito, presentado hoy ante el Tribunal Supremo, el Ministerio Público solicita la pena más alta para Junqueras por considerarle el líder de la rebelión, y añade a la petición de prisión, 25 años de inhabilitación absoluta para cargo público. Un escalón por debajo están el exlíder de ANC y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, para quienes la Fiscalía pide 17 años solo por rebelión —y otros 17 de inhabilitación absoluta—, la misma pena que solicita para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, por considerarles también jefes o promotores.
Este pronunciamiento llega después de conocerse que la Abogacía del Estado acusará finalmente a los líderes del procés por delitos de secesión y malversación de caudales públicos, descartando el de rebelión.
La rebelión agravada con malversación implicaría entre 15 y 30 años de cárcel. La sedición más la malversación pueden sumar desde un mínimo de 14 a un máximo de 27 años, aunque la pena se reduce significativamente si los acusados devuelven el dinero malversado.
Todos los implicados y procesados en el procés se sentará en el banquillo en unas semanas. El Supremo cerró el pasado 26 de octubre el sumario por rebelión, malversación y desobediencia abierto hace un año y ordenó la apertura del juicio oral, que se celebrará, previsiblemente, a principios de 2019. El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros 17 líderes independentistas serán juzgados por aprobar leyes para romper con España, organizar y celebrar un referéndum prohibido por el Constitucional y declarar unilateralmente la independencia. En ese juicio no estarán el expresident Carles Puigdemont ni los otros seis procesados que se fugaron.
El Supremo considera que ya hay pruebas suficientes para juzgar a los 18 procesados que se quedaron en España —nueve de ellos en prisión preventiva— y dictó los dos autos que faltaban para enfilar ese camino. Con el primero de esos autos confirmó el cierre de la investigación decretado en junio por el juez Pablo Llarena. Con el segundo, declaró abierto el juicio. Esta decisión zanja el intento de los procesados de dilatar la causa y la lleva a una nueva fase, que desembocará en la vista más importante celebrada en el Supremo en los últimos años.
► Solicitud de penas de la Fiscalía para los líderes independentistas [PDF]
