El Constitucional avala que la izquierda pueda prometer sus cargos 'por la República' o 'por Stalin'

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El Tribunal Constitucional avala las extravagantes fórmulas de juramento empleadas por algunos diputados en el Congreso. El Pleno, en una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Segoviano, ha desestimado este martes el recurso de amparo interpuesto por ocho diputados del Partido Popular. El fallo cuenta con cuatro votos en contra de los miembros del bloque conservador de la corte de garantías.

En concreto, el recurso se interpuso contra el acuerdo de la presidenta del Congreso de los Diputados, Mertixell Batet, adoptado en la sesión constitutiva de la XIII Legislatura celebrada el 21 de mayo de 2019, de tener por debidamente prestado el juramento o promesa de acatamiento de la Constitución y, por tanto, adquirida la condición plena de diputados de veintinueve representantes electos que utilizaron fórmulas de acatamiento de la Constitución añadidas a la expresión sí juro o sí prometo.

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Las fórmulas de juramento empleadas por algunos parlamentarios de Unidas Podemos, ERC, Junts per Cat, la CUP, Bildu, el PNV, Teruel Existe, el PRC, el BNG y Compromís -por "por la República catalana", "por el planeta" o "por la libertad de los pueblos indígenas"- fueron impugnadas por el PP al considerar que contravenían el derecho de representación política. Los populares argumentaron que el aceptar la validez de estas fórmulas de acatamiento de la Constitución era contrario a la naturaleza de su representación política por verse afectada la propia conformación del Congreso y añadía que suponía además un trato desigualdad entre representantes, ya que quienes habían acatado la Carta Magna conforme a las exigencias normativas habían tenido que soportar que otros diputados utilizaran fórmulas distintas de las previstas legalmente.

La sentencia del Constitucional hace un análisis de la jurisprudencia constitucional previa sobre el derecho invocado, destacando que el artículo 23.2 de la Constitución no consagra un derecho al respeto de todas las prescripciones de los reglamentos.

El fallo concluye que no queda acreditado que la decisión de la presidenta del Congreso haya incidido, cercenándolos, en los derechos y facultades que conforman el estatus propio del cargo de diputado del Congreso del que son titulares los demandantes. Afirma que no se ha producido un trato desigual entre los diputados, ya que fueron validadas todas las fórmulas de acatamiento y la pretensión de los demandantes, de que debía de haberse dispensado un trato diferente a los concretos veintinueve diputados que utilizaron fórmulas de acatamiento añadidas, encierra una petición de que se dispense un tratamiento distinto entre supuestos que entienden como desiguales, que no queda amparado por el principio de igualdad. El Pleno descarta que la decisión impugnada afecte al derecho de estos últimos a ejercer también en plenitud sus funciones parlamentarias de acuerdo con las previsiones legales.

"Sí juro" o "Sí prometo"

Han formulado voto particular los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y la magistrada Concepción Espejel, quienes consideran que si bien es cierto que la sentencia aprobada no prejuzga la cuestión de la validez de las fórmulas utilizadas para acceder al cargo por los diputados identificados en la demanda de este recurso de amparo, el TC ha desaprovechado la ocasión para despejar una opinión que erróneamente se viene repitiendo en las sesiones de constitución de las distintas legislaturas y es que es válida cualquier fórmula que preceda o acompañe a la inevitable de "sí juro" o "sí prometo".

Por su parte, el magistrado César Tolosa también discrepa de la decisión adoptada por el Pleno. En su opinión, los recursos de amparo debieron ser estimados. Considera que la decisión de la presidenta Batet de atribuir la condición de diputados a quienes mediante la utilización de fórmulas de juramento o promesa del deber de acatar la Carta Magna en algunos casos ininteligibles y en otros acompañadas de cláusulas o expresiones incompatibles con el contenido de la propia Constitución que se manifestaba acatar, desnaturalizó, al no quedar legalmente constituidas, la representación colegiada y conjunta del pueblo español que se atribuye a las Cortes Generales. Consecuentemente socavó la esencia misma de la condición de diputados de quienes sí habían adquirido tal condición, vulnerando los derechos de los recurrentes reconocidos en el artículo 23.2 de la Constitución, al privarles de su función angular, esto es, la de concurrir a la conformación constitucional de las Cortes Generales como representantes del pueblo español, antes incluso de que se celebrara la solemne sesión de apertura de la legislatura.

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