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España | Política

El TC multa con 12.000 euros diarios a los detenidos por desobediencia

tribunal-constitucional

Por primera vez, el Tribunal Constitucional ha acordado imponer multas por desobediencia en el 1-O. La mayor parte de los afectados son síndicos electorales de la Generalitat, las personas encargadas de ejercer las tareas propias de las juntas electorales en el referéndum independentista. El Pleno les exige 12.000 euros al día a los siete síndicos centrales (los de mayor rango) y 6.000 euros a los 15 síndicos de demarcación correspondientes a los territorios de Arán, Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona,.

El tribunal también impone por unanimidad multas a dos responsables electorales de la Generalitat: el secretario general del Departamento de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda, Josep Maria Jové (12.000 euros diarios), y la jefa del Área de Procesos electorales y Consultas Populares, Montserrat Vidal i Roca (6.000).

En todos los casos, las multas empezarán a sumar desde las 10 de la mañana del día siguiente a la publicación de las decisiones del TC en el BOE.

En la resolución referida a los síndicos, los magistrados indican que la multas se impondrán con periodicidad diaria hasta que los aludidos "justifiquen ante el Tribunal que han revocado las resoluciones adoptadas, paralizado por completo toda actuación considerada como incumplimiento de la suspensión del referéndum y comunicado a los destinatarios de dichas resoluciones que las mismas han quedado sin efecto".

El Tribunal ha adoptado estas medidas al comprobar que los 24 afectados siguen sin cumplir las resoluciones previas en las que el TC les instaba a no seguir colaborando en el referéndum suspendido. La Abogacía del Estado se dirigió la semana pasada al tribunal para denunciar la desobediencia.

En el caso de los síndicos, el Tribunal también acuerda deducir testimonio contra ellos, dando cuenta a la Fiscalía de los sucedido para que emprenda acciones penales contra ellos por un delito de desobediencia. Los magistrados explican que los incumplimientos han consitido en la designación de los miembros de las sindicaturas de demarcación (para el caso de los síndicos centrales), la adopción de resoluciones referidas al tamaño de las papeletas, los plazos para la presentación de organizaciones interesadas en el referéndum o para la validación del llamado "manual de instrucciones para los representantes de la Administración y para los miembros de las mesas electorales".

A varios de los síndicos no había sido posible, pese a reiterados intentos, notificarles las resoluciones del TC, por lo que el tribunal ha activado otra de las reformas recientes que le permite imponer las multas sin haber escuchado al afectado cuando concurren "circunstancias de especial trascendencia constitucional".

Las dos resoluciones del TC se ha adoptado por unanimidad, si bien tres magistrados del bloque progresista han anunciado que emitirán votos concurrentes. Se trata de los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, que están de acuerdo con la decisión, pero con motivaciones diferentes a la de los otros nueve magistrados.

El tribunal explica que las multas coercitivas son una de las herramientas que la ley pone en manos del Tribunal Constitucional para "asegurar el efectivo cumplimiento de sus sentencias y demás resoluciones". La función de tales medidas, aclara, "no es la de infligir un castigo ante un comportamiento antijurídico o ilícito", sino la de "lograr la adecuada ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional".

Las multas ya existían antes de la reforma de la ley del TC, por lo que estrictamente no es una de las nuevas medidas con las que el PP dotó al TC en la reforma legal que impulsó hace dos años. Eso sí, hasta entonces la multa máxima era de 3.000 euros. Ahora esa es la cuantía mínima y se puede llagar hasta los 30.000 euros diarios.

El Pleno explica que no procedía imponer la multa mínima por varias razones: las graves consecuencias que para el interés general supone la posibilidad de que se lleve a término el referéndum; la responsabilidad que en dicho cometido tienen los miembros de las sindicaturas electorales; la urgencia con la que debe darse cumplimiento a los mandatos de suspensión de normas y disposiciones dictados por el Tribunal; y la necesidad de reforzar el efecto disuasorio de la multa coercitiva.

En cuanto a los magistrados que emiten un voto concurrente, señalan que la compleja situación política que ha llevado a la imposición de las multas coercitivas "puede situar al Tribunal Constitucional en la representación de un papel que desdibuja su naturaleza primaria". El control de los poderes públicos que le corresponde se ejerce a través de "pronunciamientos jurisdiccionales de contenido declarativo que, en lealtad al pacto constituyente, implican una decisión con vocación de acatamiento autónomo por todas las partes implicadas".

En este sentido, consideran que la "fuerza ejecutiva" de las sentencias y autos del Tribunal deriva de "dicha auctoritas constitucional", por lo que el recurso a cualquier procedimiento de ejecución "sólo debería activarse como mecanismo excepcional de garantía del respeto a la autoridad de sus pronunciamientos".

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