El Congreso de los Diputados, con los votos a favor de PSOE, Unidos Podemos, PNV, PDeCat, ERC y Bildu, ha optado por mantener abierto el camino de la derogación de la prisión permanente revisable, hoy en vigor en el Código Penal para ocho supuestos delitos de carácter gravísimo.
La Cámara ha rechazado con 178 votos en contra, 167 a favor y una abstención las dos enmiendas a la totalidad presentadas por Ciudadanos y PP para intentar tumbar la proposición original del PNV de derogación de esta figura punitiva.
Se cumple así el guión previsto, y la izquierda española se une a los independentistas catalanes y vascos para acabar con la prisión permanente revisable, la figura más próxima a la cadena perpetua, vigente en la mayoría de Códigos Penales de los países occidentales.
El #Pleno rechaza las alternativas de @GPPopular y @CsCongreso a la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Código Penal que propone la derogación de la prisión permanente revisable. pic.twitter.com/Lv68JsqGMy
— Congreso (@Congreso_Es) 15 de marzo de 2018
El debate parlamentario ha sido amargo y tenso, en presencia de los familiares de las víctimas de delitos gravísimos, con continuas acusaciones cruzadas de oportunismo y demagogia. Unos argumentando la inconstitucionalidad de esta grave pena por considerarla una suerte de "cadena perpetua encubierta" que atenta contra el principio de reinserción y otros apostando por el severo castigo para los crímenes más execrables con el objeto de "proteger a la sociedad" de "pulsiones difícilmente reinsertables".
Finalmente PP y Ciudadanos no han podido con sus respectivas enmiendas a la totalidad y la suma de sus votos impedir que triunfara la tesis de las formaciones de izquierda y nacionalistas que abogan por la derogación, tal y como originalmente propuso el PNV, aunque para que esta se produzca de forma efectiva todavía queda un largo e incierto camino.
Si la prisión permanente fuera finalmente derogada permitiría que, en casos como el del pequeño Gabriel o el de la muerte de Diana Quer, que han conmovido la opinión pública española, sus asesinos confesos quedarían en libertad tras un máximo de 20 años de condena.
Podemos no quiere que Ana Julia Quezada pase toda su vida en la cárcel https://t.co/czwZeE0pRC pic.twitter.com/ZAU8CSKdag
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¿Qué es la prisión permanente revisable?
La prisión permanente revisable es la máxima pena privativa de libertad del Código Penal de España. Fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 26 de marzo de 2015, como parte de la Ley de Seguridad Ciudadana, con el único apoyo del Partido Popular y en el contexto del 'Pacto antiyihadista'.
La pena de prisión permanente revisable puede ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad (asesinatos especialmente graves, terrorismo, homicidio del jefe del Estado o de su heredero, de jefes de Estado extranjeros y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad) en los que esté justificada la imposición de una prisión permanente, si bien sujeta a revisión: tras el cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena, cuya duración depende de la cantidad de delitoscometidos y de su naturaleza, el penado puede obtener una libertad condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias, en particular, la no comisión de nuevos delitos.
El padre de Gabriel se presentó a las elecciones con Podemos Almería, el partido que ahora se opone a la prisión permanente https://t.co/4ImqyhSQqp pic.twitter.com/nuXbNSZ3X3
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Una vez cumplida una parte mínima de la condena de 25 años, un tribunal colegiado deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal. Esta revisión judicial periódica garantiza un horizonte de libertad para el condenado.
Cumplida esa primera parte mínima de la pena, si el tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación; y si, por el contrario, el tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social.
