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          Miércoles, 06 Junio 2018
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        Alejo Vidal-Quadras

        
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        Alejo Vidal-Quadras
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        Erik Encinas

        
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        Jordi Garriga
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        Jueves, 18 Julio 2019
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        Juan Vicente Santacreu

        
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España | Política

El Gobierno podrá cerrar webs sin autorización judicial

pedro sanchez pablo iglesias

El nuevo Gran Hermano del Gobierno. Un atentado sin precedentes contra la libertad de expresión y los derechos individuales. La democracia hecha a medida para los guardianes del código de lo 'políticamente correcto': el cierre de páginas web sin necesidad de autorización judicial ya es posible, tras recibir la aprobación en el Congreso.

Se ratifica así el Proyecto de Ley para modificar la normativa de Propiedad intelectual, que introduce esta novedad a través de una enmienda al texto, la número 32, acordada por PP, PSOE y Ciudadanos. Según publica el diario El Mundo, A partir de ahora, cuando exista "reiteración por segunda vez de actividades ilícitas", el prestador de servicios de internet que aloje el contenido deberá ejecutar "la medida de colaboración" solicitada desde el Ministerio de Cultura, que "no requerirá la autorización judicial prevista" exigida hasta ahora.

Este punto de la reforma aboga por la agilización del cierre de páginas que hayan vulnerado previamente los derechos de propiedad intelectual, véanse webs piratas de películas y series o réplicas del trabajo periodístico de diarios de información. En esos casos de reincidencia, la decisión quedaría en manos del Ejecutivo, que no necesitaría solicitar al juzgado "la autorización" prevista en el artículo 122 bis de la Ley 29/1998. 

En contra: "Fulmina la presunción de inocencia"

Algunos generadores de contenidos habían pedido acelerar los mecanismos para evitar la piratería y, ciertamente, que no se necesite una autorización judicial refuerza la contundencia y la celeridad demandadas por los tenedores de los derechos. Sin embargo, la modificación ha encontrado oposición en los prestadores de servicios online.

Adigital (Asociación Española de Economía Digital) cree que esta enmienda "aniquila la garantía procesal que aporta la intervención judicial por el mero hecho de que el sujeto hubiera incumplido antes". A entender de Adigital, "la enmienda propuesta fulmina la presunción de inocencia". Entre las más de 500 compañías asociadas a Adigital se encuentran plataformas susceptibles de alojar páginas web que utilicen contenidos que no son de su propiedad. Google, gigante entre los grandes de la tecnología y buscador predominante, no ve con buenos esta modificación.

Según aclaró el Ministerio de Cultura, "el cese de actividad de una página web (ya prevista en la Ley de Propiedad Intelectual) sólo se puede adoptar en caso de reiteración de conductas ilícitas (tras concluir varios procedimientos administrativos". Ante la reiteración de incumplimiento, según Cultura, "los grupos parlamentarios están de acuerdo en que se pueda suprimir la segunda autorización ya que este trámite es innecesario y retrasa los tiempos de la justicia y empeora la tutela judicial efectiva". Es decir, la reiteración permite prescindir de la autorización de un magistrado. Dependerá de la Comisión de Propiedad intelectual habilitada por la Ley Sinde; del poder Ejecutivo y no necesariamente del Judicial.

Este Proyecto traslada al ordenamiento español las directivas 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo. Para su aprobación, sólo restaría el visto bueno del Senado, Cámara a la que el texto llegará mediante trámite de urgencia, con 20 días para devolverlo al Congreso.

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