El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado hoy una proposición en la que rechaza las torturas denunciadas por militantes independentistas que fueron detenidos antes de los Juegos Olímpicos de 1992, así como la falta de investigación de estas denuncias.
La iniciativa ha salido adelante con los votos de Barcelona en Comú, PDeCAT, ERC, el concejal no adscrito, Gerard Ardanuy, y la CUP Capgirem, que es la formación que ha impulsado la proposición en la que también se propone organizar, antes de acabar el año, algún "acto de reconocimiento" así como "inaugurar una instalación con el objetivo de reparar su olvido".
Los quince detenidos, que fueron arrestados por orden del juez Baltasar Garzón como supuestos miembros de Terra Lliure, llevaron el caso a Estrasburgo.
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— MEDITERRÁNEO DIGITAL (@MediterraneoDGT) 20 de mayo de 2017
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por no investigar de forma efectiva y en profundidad las alegaciones de malos tratos; sin embargo, este tribunal dictaminó que España no violó el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe las torturas, como habían denunciado los demandantes.
Seis de los quince autores de la demanda fueron condenados en 1995 por pertenencia a banda armada o colaboración, tenencia ilícita de explosivos o armas y terrorismo.
El pleno ha acordado "condenar la actuación del exjuez Baltasar Garzón por haber faltado a la verdad" y su "no investigación" de las supuestas torturas, y condena "públicamente todo tipo de persecución policial sufrida por la militancia independentista y de diferentes movimientos sociales de la ciudad".
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