El entorno de ETA, que hoy se mueve en la legalidad, busca una solución para lo que llama “deportados” y “exilados”, que no son otra cosa que terroristas huidos de la Justicia.
Será casualidad o no, pero el tema se pone sobre la mesa en estos momentos, cuando, según todos los indicios, el nuevo Ejecutivo dará un giro a la izquierda y puede ser especialmente receptivo a este tipo de asuntos.
De entre los que se hallan en la situación de “deportados”, el entorno proetarra ha “seleccionado” a doce que, en la actualidad, están en Cuba (tres); Venezuela (cuatro), Cabo Verde (cuatro) y Santo Tomé (uno), aunque reconoce que la cifra de los que pretenden volver a España es de una treintena.
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Las listas de las que disponen fuentes antiterroristas, no coinciden con las cifras que facilita Etxerat, por lo que cabe pensar que se han trasladado de un país a otro, han vuelto a España al no tener causas pendientes o no están en la línea “oficialista”.
Si están “deportados” en esos países es por su propia voluntad, ya que si tanto desean volver a España basta con que se entreguen en la Audiencia Nacional y, si no hubiera nada contra ellos, saldrían en libertad; en caso contrario, claro, ingresarían en prisión. Y esa duda es por la que no quieren pasar, para mayor escarnio de las víctimas.
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Otegi y los suyos saben que si llega a cuajar el Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, tienen bastantes posibilidades de poner el asunto de los “deportados” y de los presos encima de la mesa. Evidentemente, el apoyo de los diputados de Bildu a una eventual investidura de Pedro Sánchez no va a ser gratis. Han abierto la caja de pandora. La gobernabilidad de España está en manos de los mismos que la odian.
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