La Justicia da la nacionalidad española a una niña inmigrante que nació en una patera

La Audiencia Provincial de Guipúzcoa ha reconocido por primera vez la nacionalidad española a una niña que en mayo de 2018 nació en una patera cuando se dirigía a la costa de Cádiz.

Así, el tribunal ha desestimado el recurso de apelación que interpuso la Abogacía del Estado contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de San Sebastián que en noviembre de 2021 dio la razón a la madre, de nacionalidad camerunesa, que vive ilegalmente en España desde entonces y estimó su demanda contra el Ministerio de Justicia y la Fiscalía y, en consecuencia, declarando la vulneración de derechos fundamentales de la menor y, asimismo, su nacionalidad española de origen acordándose librar exhorto al Registro Civil Central para inscribir el nacimiento fuera de plazo de la niña.

La Abogacía del Estado, en representación del Ministerio, recurrió ante la Audiencia dicha sentencia solicitando que se declarara no ajustada a derecho y su revocación, dejándola sin efecto.

Finalmente, el tribunal ha dado la razón a la demandante, confirmando la resolución impugnada, como pedía la Fiscalía.

La sentencia es la número 341/2022, de 11 de mayo. La firman los magistrados Luis Blánquez Pérez (presidente), Felipe Peñalba Otaduy (ponente) y Ane Garay Olabarria.

El tribunal indica en su sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que desde su llegada a Tarifa, la niña no existía administrativamente en ninguna parte, no disponía de tarjeta sanitaria ni podía acceder a los servicios públicos municipales. Y recuerda que el interés superior de la menor es un “objetivo constitucionalmente legítimo” consagrado en las disposiciones nacionales.

Los magistrados explican que atendidas las circunstancias que presenta el caso, en el que consideran que se ha hecho «un esfuerzo genuino» por parte de la demandante «por remover los obstáculos para intentar el reconocimiento de la nacionalidad camerunesa de la menor», estiman que «es factible una aplicación extensiva del artículo 17.I c) del Código Civil, como la que ha llevado a cabo el órgano de instancia, reconociendo a la menor la nacionalidad española de origen».

«Y constituye el único mecanismo que permite dar cumplimiento a las previsiones legales contenidas en los tratados internacionales en los que España es parte respetando y cumpliendo de manera efectiva el interés superior de la menor consagrado en las disposiciones nacionales, pues consentir que la menor permanezca en el limbo de la apatridia, en situación de desigualdad con respecto de otros menores, con merma significativa para sus derechos básicos y fundaméntales (como puede ser, entre otros, el derecho a la educación -art. 27 de la Constitución-), con las consecuencias presentes que ello comporta para ella y que se han puesto de relieve, supone desatender dicho interés en su perjuicio», concluyen. 

La sentencia sienta precedente y es pionera en España.

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