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El Gobierno de Navarra cree 'despropocionadas' las condenas por el terrorismo de ETA

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Tras las elecciones autonómicas de 2015, Unión del Pueblo Navarro (UPN) fue la formación más votada, sin embargo, como ocurrió en numerosas regiones y ayuntamientos, no purdo gobernar. La razón por la que esto ocurrió fue la coalición de Gobierno de los batasunos de Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda Ezquerra (IE), a los que apoyó Podemos, pero sin entrar en el Gobierno navarro.

Como no podía ser de otra manera, estas formaciones van dando pasos hacia el sometimiento de Navarra a los intereses del País Vasco. Lo hacen en materia lingüística, en ocultación de su historia diferenciada, en adoctrinamiento y, como no podía ser de otra manera, en la ocultación de la realidad del terrosimo separatista vasco de ETA y lo que de él queda en la kaleborroca.

La Ley Orgánica 2/2015 y el artículo 573 del Código Penal permiten que las conductas violentas y agresivas que se cometan con la finalidad de hacer reivindicaciones como las que planteaba ETA por medio de los asesinatos sean consideradas como terrorismo.

El último caso en el que estos preceptos jurídicos han sido interpretados de esta manera ha sido con ocasión del intento de linchamiento de dos agentes de la Guardia Civil que se encontraban fuera de servicio en la localidad navarra de Alsasua. Fueron identificados por una turba de batasunos y al grito de "os vamos a matar", fueron sometidos -ellos y sus parejas- a una agresión múltiple que acabó con todos en el hospital.

Después, toda la izquierda radical -vasca, navarra y del resto de España- se movilizó en apoyo a los agresores. De manera que en Navarra se ha recuperado, al menos en este caso, el "algo habrán hecho" con el que los vascos y una parte de la clase política española evitaba condenar los asesinatos cometidos por la banda terrorista de ultraizquierda ETA.

Ahora, los grupos políticos Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezkerra (IE), han presentado en el Parlamento navarro una moción para instar a las Cortes a emprender una modificación urgente de la calificación del delito de terrorismo que recoge la legislación vigente. Estos partidos políticos consideran que tras cuatro años sin atentados de ETA, según ellos "cuatro años después de la desaparecida amenaza de ETA con el cese definitivo de su actividad", debían ser razón suficiente para cambiar la definición jurídica del término terrorismo.

Se han posicionado en contra de que pueda haber un delito de terrorismo "sin una organización activa detrás cuando se considere por el juzgador que existe una conducta dirigida a atemorizar a una parte de la población o a producir una grave alteración de la paz pública".

Curiosamente, esta iniciativa adoptada por los partidos que han permitido la formación de un Gobierno abertzale en Navarra se produce días después de que la juez Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, haya incluido en los cargos contra los agresores de los Guardias Civiles de Alsasua, el de terrorismo. Una circunstancia que, para los miembros del Ejecutivo navarro es "absolutamente desproporcionadas por unas conductas que en circunstancias normales no pasarían de ser hechos constitutivos de una sanción penal común".

 

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