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El Estado negocia el acercamiento de presos de ETA

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Una de las reivindicaciones históricas de la izquierda abertzale y el nacionalismo vasco, el acercamiento de los presos de ETA, podría estar a punto de hacerse realidad, según la información que ha desvelado este lunes la cadena SER. Si bien el repliegue de los reclusos no sería exclusivamente en centros penitenciarios del País Vasco, el acuerdo que negocian el Gobierno central y el Ejecutivo de Vitoria prevé que sean trasladados a prisiones que como máximo estén a 250 kilómetros de Euskadi.

Fuentes de PP y PNV han explicado a la emisora que las negociaciones, que son al más alto nivel, no son consecuencia del apoyo de los segundos a los Presupuestos Generales del Estado para el 2017, sino que responderían a la decisión de la banda de entregar todo su arsenal.

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Además, para aceptar el acercamiento, el Ejecutivo de Mariano Rajoy exige que los reclusos etarras acepten primero la ley penitenciaria vigente y se avengan a solicitar beneficios individuales, algo que históricamente ETA prohibía. A finales del 2016, la dirección del colectivo de presos (EPPK, en sus siglas en euskera) propuso precisamente esta posibilidad para "vaciar las cárceles", aunque puso como límite "el arrepentimiento y la delación".

El documento que se está negociando contiene una lista de 10 cárceles en las que se ubicaría a los presos ingresados principalmente en prisiones de Andalucía y Madrid, entre las que estarían las de Zuera y Duera (en Zaragoza), Burgos, Soria, Teruel, León y Asturias.

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Aunque no hay una fecha concreta para empezar a aplicar el acuerdo, las fuentes consultadas por la SER consideran que se podría empezar a ejecutar en un tiempo no superior a un año y se llevaría a cabo en diferentes fases. También se incluiría el traslado de una veintena de presos enfermos en un período de tiempo más corto, y aquellos más graves podrían incluso ser ingresados en centros del País Vasco.

La tercera fase del plan supondría que la totalidad de los 254 reclusos de ETA acabasen en las prisiones de Zaballa (Álava) y Pamplona, aunque antes el Gobierno central debería transferir la competencia penitenciaria al Ejecutivo vasco, como ya ocurre en Cataluña.

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