Rajoy da marcha atrás y cede (otra vez) a las autonomías las competencias en Educación

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El tapiz educativo que, durante la legislatura pasada, fue tejiendo el polémico José Ignacio Wert lo ha destejido en menos de un año su sucesor, Íñigo Méndez de Vigo.

El Gobierno de Rajoy, que allá por 2012 quería que los alumnos estudiaran la misma Historia en toda España, y que se presentó a las elecciones con un programa educativo mucho más centralista, ha rectificado también en su propuesta estrella, las reválidas de la ESO y Bachillerato, al rebajar las competencias del Estado y dar más control a las autonomías.

Según el proyecto de Real Decreto y la orden ministerial a los que ha tenido acceso el diario El Mundo, cada Gobierno autonómico va a poder fijar las preguntas y el calendario de los exámenes por su cuenta, lo que significa, en la práctica, que ya no se celebrará el mismo examen de forma simultánea en todo el territorio español, tal y como pretendía Wert.

Méndez de Vigo asesta, así, otro golpe contundente a la Ley Wert después de desentenderse del plan para escolarizar en castellano en Cataluña (el presupuesto ha caído de cinco millones de euros a un millón en 2016).

¿Por qué recula ahora el Gobierno? Porque ha perdido poder, porque se avecinan nuevas elecciones, porque hay ocho comunidades autónomas que amenazan con no hacer las evaluaciones de 6º de Primaria que, en teoría, comienzan a celebrarse esta semana en toda España, y porque, en el fondo, casi nadie creía en la viabilidad técnica y competencial del proyecto de Wert, ni siquiera dentro del PP.

Ocurre, por ejemplo, con la reválida de la ESO, la medida más importante de toda la reforma educativa. La prueba de Bachillerato, al fin y al cabo, no supone mucha novedad porque en la práctica sustituye en sus funciones a la actual Prueba de Acceso a la Selectividad. Pero la de la ESO son palabras mayores. Es algo importante.

Hasta dirigentes populares han expresado sus reservas acerca de esta prueba que los alumnos de entre 15 y 16 años deben superar si quieren obtener el título y seguir estudiando. Porque, ¿qué pasa si no la aprueban? ¿Van a verse abocados a dejar los estudios y elevar la ya de por sí altísima tasa de abandono educativo temprano que tiene España?

En los próximos días se verá si las autonomías rebeldes llevan a cabo su anunciada insumisión o se pliegan ante los cambios realizados por Méndez de Vigo, que argumenta que el «interés público» y la «urgencia» le llevan a aprobar este decreto a pesar de su situación de interinidad.

El borrador argumenta que las autonomías, los centros, los directores y los profesores deben conocer «con antelación suficiente» los cambios que implican estas reválidas «para poder organizar adecuadamente» la programación del curso escolar, que comienza el próximo mes de septiembre.

Los contenidos de este decreto, no obstante, podrían quedarse en nada después de las elecciones. El PSOE ha dicho que derogará la Lomce y todo lo que ella conlleva si gobierna, algo en lo que están de acuerdo Podemos e Izquierda Unida, aunque no Ciudadanos, que es partidario de establecer modificaciones puntuales.

 


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