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Puigdemont y 12 líderes independentistas, procesados por rebelión contra España

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El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena ha procesado por un delito de rebelión a 13 investigados en el marco de la causa que el Alto Tribunal sigue por el proceso independentista de Cataluña: el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont; su ex vicepresidente, Oriol Junqueras; la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el ex presidente de la ANC Jordi Sànchez; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que esta mañana ha anunciado que emprende "el camino del exilio".

Llarena también ha procesado por rebelión a siete ex consejeros del Gobierno catalán: Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antonio Comín y Dolors Bassa.

En total y hasta la fecha, Llarena ha procesado a 25 de los 28 imputados. Se han quedado fuera de la causa Artur Mas, Marta Pascal y Neus Lloveras.

Malversación y desobediencia

En otro grupo, el juez ha procesado por delitos de malversación de dinero público y de desobediencia a otros cinco ex consejeros de la Generalitat: Meritxell Borrás, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret. Por el delito de malversación, Llarena ha señalado también a Puigdemont, Junqueras y a los siete ex consejeros procesados por rebelión.

En cuanto a los antiguos miembros de la Mesa del Parlament, Llarena ha procesado por un delito de desobediencia a Lluís Maria Corominas, Luís Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet. El magistrado ha incluido también en el auto a la ex presidenta del Grupo Parlamentario de la CUP, Mireia Boya, así como a la ex portavoz del Grupo, Anna Gabriel, por delito de desobediencia.

Fianza de 2,1 millones por responsabilidad civil

El instructor de la causa ha fijado una fianza en concepto de responsabilidad civil por importe de 2,1 millones de euros. Esta cantidad deberá ser abonado de manera solidaria por Puigdemont, Junqueras y los 12 ex consejeros procesados. Para calcular esta fianza, el juez Llarena se ha basado en los 1,6 millones de euros considerados como el montante que el Govern usó para sufragar el referéndum del 1-O, más el tercio de esta cuantía, en el marco de la ley fijada para este tipo de fianza.

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