Puigdemont envía las alegaciones al Senado fuera de plazo

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El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha respondido en el último minuto a la invitación del Senado para que presente los argumentos y alegaciones que estime oportunos contra la aplicación del artículo 155 y la intervención por parte de Gobierno central de la comunidad catalana.

Puigdemont no acudirá ni hoy ni mañana a la Cámara Alta para defender sus posiciones personalmente, pero ha designado para que lo haga en su nombre al delegado de la Generalitat de Cataluña en Madrid, Ferran Mascarell.

Además, en la carta que ha remitido al presidente de la Cámara Alta añade que, en el caso de que por cualquier circunstancia Mascarell no pudiera asumir ese papel, lo harían los senadores del PDeCAT y ERC, Josep Lluís Cleríes y Angel Estradé.

La comunicación de Puigdemont ha llegado al Senado pasadas las 10.00 horas, que era el plazo límite que se le había otorgado. En concreto, ha llegado a las 10.03; pese a ello, la Cámara Alta ha decidido dar por buena su recepción.

Las alegaciones de Carles Puigdemont al Senado [PDF]

En sus alegaciones, Puigdemont señala que el artículo 155 prevé que el Gobierno "podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la Comunidad Autónoma para el cumplimiento forzoso de las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen o para la protección del interés general de España", y en base a ello indica que eso es "incompatible" con la destitución del Govern.

Según entiende el presidente de la Generalitat, el Senado, al autorizar la adopción de las medidas de intervención, "no puede dar un cheque en blanco al Gobierno del Estado". Y añade: "La ejecución de esas medidas sólo permite al Gobierno del Estado dar instrucciones a las autoridades autonómicas".

Admite en su misiva que el artículo 155 es un precepto previsto para situaciones extraordinarias pero, recalca, "no una cláusula de plenos poderes en manos del Gobierno del Estado".

Insiste en consecuencia que el 155 debe interpretarse a la luz de otros preceptos constitucionales, en definitiva, los que salvaguardan los "principios de unidad y autonomía" y siempre conforme "a los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político". Así, hace referencia al artículo 2 de la Constitución que, tras la unidad de España, reconoce y garantiza el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. También menciona los artículos 137, que reconoce el derecho de las autonomías a gestionar sus intereses, y el 152, que fija la organización institucional de las mismas basada en una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal, con un Consejo de Gobierno y un presidente elegido por la Asamblea de entre sus miembros.

Por todo ello, insiste en que las medidas adoptadas al amparo del 155 "no pueden dejar sin efecto la organización institucional de la Generalitat de Cataluña"


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