La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional realiza desde primera hora de este jueves una macrooperación denominada 'Estela' que incluye el registro en la sede de la Diputación de Barcelona y otros organismos públicos catalanes en el marco de las investigaciones por la financiación del 'procés' y del referéndum ilegal del 1-O, según fuentes policiales.
La operación, que permanece abierta y se desarrolla en las provincias catalanas de Barcelona, Tarragona y Girona, está dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona y la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad Condal.
Según las citadas fuentes, la operación es el resultado de dos años de investigación de agentes de la UDEF. Por el momento se han detenido a 22 personas por la comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones.
La Policía ha activado a cerca de medio millar de agentes, muchos procedentes de Madrid, para la mayor operación que el cuerpo ha realizado en torno al 'procés'.
Según varias fuentes, una de las beneficiadas sería Fundació CATmon, cuya web está fuera de servicio, y que tiene como objetivo el reconocimiento internacional de la "nación catalana". Sin embargo, fuentes judiciales han explicado a este diario que la operación se centra en un supuesto reparto irregular de unos 2 millones de euros hacia estas entidades, en su mayoría relacionadas con cargos de la antigua Convergència, pero que, en principio, no habrían servido para financiar el proceso soberanista. Unos 200.000 euros fueron a parar a varias patronales y cofradías mientras que también recibieron consultoras o empresas relacionadas con el medio ambiente.
La Udef trata de averiguar si, como sostiene la investigación de la Guardia Civil pero niega el Ministerio de Hacienda, se utilizaron fondos públicos para sostener la votación. En concreto, buscan el rastro de aproximadamente 10 millones de euros que creen que se podrían haber derivado hacia el 'procés' y el referéndum.
El objetivo del operativo es localizar los fondos derivados desde organismos públicos -desde diputaciones a consejerías de la Generalitat- hasta organizaciones independentistas, así como entidades sin ánimo de lucro y empresas catalanas.
Una de las tesis policiales apunta a que dichos fondos, cobrados en forma de subvención o colaboraciones, podrían haber sido posteriormente utilizados para el 1-O. La Guardia Civil cifró en 1,9 millones los fondos usados sólo para la votación, aunque por el momento se carece de demostración documental sobre dichos pagos.
El uso de dinero público en el referéndum de otoño pasado es una de las grandes incógnitas que faltan por resolver en torno a la culminación del 'procés'.
La cooperación internacional ha sido una de las partidas que, según diferentes informes policiales, se han incrementado bajo la sospecha de que incluían fondos para financiar la proyección exterior del plan independentista impulsado por el Govern de Puigdemont.
Los presupuestos de 2017 de la Generalitat destinaron a la cooperación internacional 17,4 millones de euros repartidos entre la Consejería de Relaciones Institucionales y Exteriores dirigida por Raül Romeva, uno de los exconsejeros encarcelados, y la Agencia Catalana de Cooperación.
