La igualdad y la violencia de género serán asignaturas obligatorias en el colegio

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El Congreso de los Diputados aprobó el lunes, por unanimidad, 200 medidas para luchar contra la violencia de género, dotándolas con un presupuesto público de 1.000 millones de euros. Una buena noticia, ya que toda la lucha contra la violencia es algo positivo, pero ¿qué hay detrás de este pacto?

En primer lugar, la definición de la violencia de género ha cambiado. Ya no solo se considerará la ejercida por la pareja o expareja. Ahora la violencia de género hace referencia a todos los tipos de violencia que se ejerzan sobre la mujer. Es decir, los hombres ya son oficialmente ciudadanos de segunda ante la Ley.

En segundo lugar, tanto en los colegios, como en las oposiciones para acceder a los cuerpos del Estado, profesiones sanitarias o de servicio público será necesario aprobar las materias sobre el tema. Es decir, será obligatorio cursar asignaturas referentes a la igualdad y a la violencia de género.

Da igual que España esté por debajo de la media de la OCDE en ciencias o en compresión lectora y ocupe un puesto bastante bajo en competencias matemáticas. En lugar de paliar esto para mejorar el nivel educativo de las generaciones futuras, y que les sea más fácil encontrar empleo, el Gobierno opta por enseñar violencia de género e igualdad. Seguramente serán dos requisitos que las empresas pedirán como imprescindibles para desarrollar un puesto de trabajo.

Todos los partidos se han mostrado optimistas con la aprobación de estas medidas. Sin embargo, para Ángela Rodríguez de Podemos el pacto no tiene (todavía) un enfoque feminista, "nos parece fundamental que tenga un enfoque feminista porque hay que recoger que esta sociedad aún es machista".

El pacto también incluirá medidas para detectar posibles víctimas de violencia de género e implantará un nuevo protocolo de actuación cuando una mujer denuncie malos tratos.

Por primera vez, la nueva legislación no partirá solo desde el Gobierno central, sino que se comparte la responsabilidad de actuación con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.

Además de todo de eso, los tutores legales que tengan la patria potestad de huérfanos por violencia de género tendrán una serie de beneficios fiscales, y los padres separados que hayan sido condenados perderán para siempre la custodia de sus hijos.

 


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