Es uno de los pilares básicos sobre los que se sustenta toda democracia y nuestro Estado de derecho: la separación de poderes y la independencia judicial. Mercedes Alaya, más conocida como la jueza Alaya, famosa por el mediatizado caso de los ERE de Andalucía o el caso Mercasevilla, ha denunciado públicamente en una conferencia la progresiva politización de la justicia que vive nuestro país.
Aunque es un asunto conocido por gran parte de la sociedad, Alaya ha querido volver a poner el foco en esta gravísima situación, que nos aboca irremediablemente hacia un peligroso callejón sin salida. Sin independencia judical y con la prensa regada y amordazada por el mantra de las subvenciones de dinero público, los tentáculos de nuestra partitocracia controlan ya todas las esferas de poder.
En una conferencia ofrecida este mes de junio en el Ateneo de Madrid, junto con Jesús Villegas, magistrado y autor del libro 'El poder amordazado', la dama de hierro de la justicia española, ha hablado claro y sin censura, y ha hecho unas explosivas declaraciones que han pasado, voluntariamente o no, prácticamente desapercibidas por los grandes medios de comunicación nacionales.
"El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un miniparlamento, allí los partidos se reparten los nombramientos de los vocales", denunció directamente la juez Alaya.
"El poder político se extiende a las más altas esferas del poder judicial. Los vocales son nombrados por su ductilidad", aseguró sin tapujos. La importancia de que los miembros del CGPJ sean elegidos por los políticos repercute en todas las capas de la judicatura.
"Del CGPJ emanan muchos nombramientos discrecionales: presidente del Tribunal Supremo, vicepresidente del Tribunal Supremo, presidente de sala, los magistrados que componen la sala del Tribunal Supremo. A su vez, los presidentes de los tribunales superiores de justicia que nombran a los instructores para investigar los casos de corrupción. Además del presidente de la Audiencia Nacional y todos los presidentes de las audiencias provinciales, todos esos cargos son designados políticamente".
Una acusación que pone los pelos de punta.
Pero, para Mercedes Alaya, hay incluso todavía otro problema mucho más grave: se trata de la falta de independencia económica del poder judicial. "La independencia presupuestaria la tiene el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado. ¿Cómo es posible el Poder Judicial, que constituye uno de los pilares de la democracia, no tenga autonomía financiera?".
Al no tener esta independencia, supone que los representantes de los jueces "tienen que estar al calor de los partidos políticos, limosneando fondos". Como los responsables de los medios de comunicación, pero en versión judicial. Al final, siempre manda el que tiene la llave de la caja,
"El poder político quiere que sigamos siendo unos títeres porque el dinero les pertenece a ellos", afirmó de manera rotunda Alaya. "El último gran problema es el Ministerio Fiscal, no lo digo por los fiscales, sino por la constitución que establece que el Fiscal General del Estado será nombrado por el Gobierno. Esta es quizá la mayor injerencia dentro de los procedimientos judiciales. Es algo muy grave, sobre todo, cuando se tratan delitos contra la administración o contra la corrupción".
Un verdadero torpedo en la mismísima línea de flotación de nuestro Estado de derecho. La cara más negra y desconocida de nuestro sistema democrático, al descubierto.
