El juez procesa a uno de los integrantes de la 'mesa de diálogo' entre el Gobierno y Cataluña
Última actualizaciónLun, 30 Mar 2020 10pm

España | Nacional

El juez procesa a uno de los integrantes de la 'mesa de diálogo' entre el Gobierno y Cataluña

abalos jove

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha procesado por el referéndum ilegal del 1-O a los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluis Salvadó. Jové, quien fue alto cargo del equipo de Junqueras en el Govern de Carles Puigdemont, forma parte de la «mesa de negociación» Generalitat-Gobierno que se reunió esta semana en el Palau de la Moncloa. Se le acusa de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos.

La presencia de Jové en la mesa Sánchez-Torra generó malestar por parte del Gobierno desde el primer momento. No en vano, se percibió como una «provocación» por parte de los republicanos. De hecho, el propio Jové no dudó en jugar con su situación legal y acudió a la cita con el presidente del Gobienro con una «moleskine», libreta sobre la que se basa su imputación por ser el tipo de cuaderno en el que anotó aspectos clave de la logística del 1-O.

Ahora, el juez ha impuesto una fianza de 4,5 millones de euros a Jové y Salvadó. En su auto de procesamiento, la magistrada del TSJC Maria Eugenia Alegret concluye que ambos tuvieron una «participación activa» en los preparativos del 1-O y en la planificación de las denominadas «estructuras de Estado». Asimismo, cita a Jové y Salvadó ERC el próximo 11 de marzo para una declaración judicial una vez notificado su procesamiento y acuerda deben acudir mensualmente al juzgado, les retira el pasaporte, les prohíbe salir de España y les impone una fianza por responsabilidad civil de 2,8 millones en el caso de Jové y de 1,6 millones en el caso de Salvadó.

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Según recoge la magistrada instructora en el auto de procesamiento, los indicios permiten inferir que el programa se proponía «conseguir el control de los impuestos estatales y cotizaciones sociales provinientes de las instituciones públicas autonómicas y locales e información fiscal de los contribuyentes». El programa tuvo un coste de más de ‪1.200.000‬ euros que pagaron todos los catalanes.

Respecto al delito de revelación de secretos, la cesión de datos personales, incluidos los datos fiscales, no estaba indiciariamente amparada por la norma.

El delito de desobediencia viene determinado por la ignorancia a las advertencias personalmente comunicadas a los ahora procesados por el Tribunal Constitucional respecto de determinadas actuaciones.

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