El Tribunal Constitucional suspende la declaración de ruptura del Parlamento catalán

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El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este 1 de agosto, por unanimidad, la admisión a trámite del incidente planteado por el Gobierno en el que insta a anular la resolución del Parlament que marca el inicio del proceso de desconexión de Cataluña. Esta decisión conlleva automáticamente su suspensión cautelar por un plazo de cinco meses porque así lo establece la Carta Magna.

El Alto Tribunal se ha limitado a dar trámite al incidente y a conceder un plazo de 20 días al Parlament para que presente alegaciones, y también al fiscal para que informe sobre la petición de nulidad. Cuando las reciba, decidirá sobre si anula la hoja de ruta independentista, que incluye un referéndum unilateral para la independencia, lo que se da por hecho que hará, pues ya el reciente 7 de julio ordenó su paralización.

El Constitucional tampoco ha resuelto si aplica las medidas de naturaleza coercitiva que había solicitado la Abogacía del Estado: entre ellas, la deducción de testimonio contra la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, para que la Fiscalía inicie una investigación penal por un presunto delito de desobediencia.

Esta petición se fundamenta en que el Ejecutivo considera desobedecido otra decisión del 19 de julio en la que el Alto Tribunal ya había advertido a Forcadell y al resto de los miembros de la Mesa del Parlament que tenían el «deber de impedir» que las conclusiones de la Comisión del Proceso Constituyente, en las que se enmarcan los pasos hacia la desconexión, fuesen debatidas y votadas por el Pleno. Sin embargo, no lo hicieron.

El Gobierno también solicitó que se requiriese personalmente a todos los diputados de la Mesa para que se abstengan de continuar con el proceso y que les prohíba convocar a los órganos del Parlament para debatir o aprobar medidas que directa o indirectamente sirvan para dar cumplimiento a la hoja de ruta.

Asimismo, reclamó que se requiera al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los miembros de su Gobierno a que eviten cualquier iniciativa en ese mismo sentido, bajo apercibimiento de multa o suspensión.

Sobre todas estas medidas, el Constitucional decidirá cuando reciba las alegaciones del Parlament.

El incidente presentado el viernes a través de la Abogacía del Estado se ordenó después de que el Parlament, a través de una iniciativa de los grupos de Junts pel Sí y la CUP, ignorase deliberadamente la resolución del Constitucional que declaraba ilegales las conclusiones del llamado «proceso constituyente», que incluye leyes de Hacienda y de Seguridad Social propias, de transitoriedad jurídica, además de un referéndum unilateral.

 


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