El TC suspende (también) la Ley Catalana de pobreza energética

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El Tribunal Constitucional ha suspendido parte de la ley catalana de emergencia social, tal como reclamó el Gobierno de Mariano Rajoy en el recurso que presentó contra esta norma el pasado mes de abril. Asimismo, el alto tribunal ha tomado la misma medida en relación a la ley de propiedad temporal y compartida de Cataluña.

Los recursos fueron anunciados por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado 29 de abril. El Ejecutivo recurrió los artículos de la ley que afectan a los desahucios. La norma catalana regula medidas de segunda oportunidad para los hogares endeudados y obliga a las entidades financieras a ceder pisos vacíos.

El Gobierno del PP explicó que recurría estos artículos porque vulneran competencias estatales en materia de legislación civil y procesal. En concreto, sostiene que la regulación de las situaciones de sobreendeudamiento que regula la norma catalana establece un proceso distinto a la ley concursal.

También señala en su demanda que la obligación de ceder viviendas vacías que recoge la norma catalana supone "una discriminación arbitraria de personas juridicas o grandes tenedores de vivienda a los que imponen obligaciones más gravosas". Asimismo, el Gabinete de Rajoy asegura que esta obligación "genera un daño especial a una clase de entidades que forman parte del sistema financiero".

Además, el Gobierno defendió su demanda contra la ley de propiedad temporal porque "las negociaciones" entre el Ejectuvo central y la Generalitat "han sido infructuosas". Y acudió al alto tribunal porque esta norma "desconfigura la propiedad de una vivienda como un derecho irrevocable y perpetuo para convertirlo en temporal y renovable".

La suspensión tendrá un plazo de cinco meses. Luego el TC puede prorrogar o levantar esta medida si antes de que finalice este periodo no dicta sentencia. La suspensión es automática cuando la solicita el Gobierno. Esta decisión se comunicará a la Generalitat y al Parlament para que presenten las alegaciones que consideren oportunas.

 


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