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El Gobierno perdonará la deuda a las Comunidades Autónomas: 138.000 millones de euros

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Era cuestión de tiempo. Los mecanismos extraordinarios de financiación que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 para rescatar a las comunidades autónomas y ayuntamientos insolventes con el dinero de todos los contribuyentes españoles se vendió entonces como una medida temporal, fruto de las dificultades que registraban dichas administraciones para financiarse en los mercados, pero ya han pasado cinco años y este mecanismo sigue vigente.

El acceso a dinero gratis y los cómodos plazos que ha establecido el Ejecutivo para devolver tales créditos han permitido que los gobiernos regionales, especialmente los más incumplidores con los objetivos de déficit, hagan un uso masivo de estos mecanismos, ahorrándose la necesidad de emitir deuda en los mercados, donde el tipo de interés exigido por los inversores es mayor debido a los graves desequilibrios presupuestarios que todavía presentan numerosas autonomías. Como consecuencia, las comunidades han acumulado una enorme factura con el Gobierno central y, dado que su devolución dependerá en última instancia de intereses políticos y partidistas, era cuestión de tiempo que se abriera la puerta a la posible aplicación de quitas (condonación de la deuda), a cargo, eso sí, de todos los españoles.

Publica el informe la web LibreMercado.

Ésta es justo la puerta que acaba de abrir el Congreso de los Diputados, después de que PP, PSOE y Ciudadanos acordasen aprobar una proposición no de ley, presentada inicialmente por los populares, en donde se insta al Gobierno a perdonar parte del dinero que adeudan las autonomías. La proposición original del PP se limitaba a seguir desarrollando medidas para "culminar con éxito" la reforma de la financiación autonómica, tal y como se había acordado en la Conferencia de Presidentes del pasado enero. El objetivo es contar con la citada reforma antes de finales de año, después de que la comisión de expertos nombrada a tal fin presente sus recomendaciones.

Pero la clave es que, durante la tramitación del texto, populares y socialistas presentaron una enmienda transaccional que incluye dos puntos relevantes:

Esta idea no es nueva. Algunas de las comunidades más endeudadas llevan tiempo planteando esta posibilidad, aprovechando que buena parte de su deuda está en manos del Gobierno central. Es el caso de la Comunidad Valenciana, gobernada por el PSOE, que considera que su deuda es impagable y, por ello, su consejero de Hacienda ya avanzó el pasado enero que "están haciendo números" para calcular quéparte de su deuda es atribuible a la infrafinanciación para poder condonarla. Andalucía, también manos del PSOE, mantiene una posición parecida, aunque, en el fondo, esta medida traspasa el color político, ya que todas o casi todas las autonomías acogerían con agrado una quita sustancial sobre sus deudas, con el consiguiente ahorro en el pago de intereses.

El Estado ha inyectado 217.000 millones

Ahora bien, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Desde 2012, son varios los mecanismos de liquidez y financiación extraordinaria que ha aplicado el Ejecutivo, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el fondo de pago a proveedores o anticipos a cuenta del sistema de financiación, entre otros. Desde 2012 hasta la actualidad, el Gobierno central ha inyectado a las CCAA un total de 217.000 millones de euros.

Unos 175.000 millones en créditos extraordinarios

Y de este dinero, algo más de 175.000 millones corresponden a los citados mecanismos extraordinarios, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda. Casi el 70% de los préstamos se han destinado a Cataluña (57.000 millones), Comunidad Valenciana (38.000) y Andalucía (27.000).

Deben 138.000 millones al Estado

Como resultado, si bien la deuda autonómica total asciende a casi 272.000 millones de euros, más de la mitad, unos 138.000 millones, son préstamos concedidos por el Gobierno a través del FLA: Cataluña adeuda el 63% de su deuda al Estado (unos 46.700 millones), Comunidad Valenciana el 73% (31.500 millones) y Andalucía el 67% (21.600 millones).

Así pues, lo que se discute ahora es qué parte de la factura será condonada por el Gobierno y, por tanto, será sufragada con los impuestos de todos los españoles y no sólo los contribuyentes de cada comunidad.

 

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