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Lun06172019

Última actualizaciónLun, 17 Jun 2019 2pm

España | Nacional

El Gobierno obligará, por ley, a reservar el 2% del empleo para 'víctimas de violencia de género'

feministas lamanada

La obsesión del Estado por regular y controlarlo absolutamente todo. No solo te meten la mano en la caja y quieren auditar hasta el último de tus movimientos: ahora, también, te marcarán cuotas sobre quién o quiénes tienes que contratar. Y sino, además de ser un facha redomado, tendrás que comerte multas hasta cerrar el chiringuito. Y lo llamaban democracia.

Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados han acordado establecer una reserva mínima del 2% del empleo público para las mujeres víctimas de violencia machista.

Esta medida se incluirá en el proyecto de ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, que se está tramitando en la Cámara. Es la ponencia creada en el Congreso para negociar esta norma la que ha llegado a un acuerdo unánime en torno a esta medida, según han informado fuentes de Ciudadanos.

El partido de Albert Rivera es el que han llevado esta propuesta al órgano, a través de una enmienda al proyecto de ley. "Este porcentaje queda así fijado sin perjuicio de que, posteriormente, los convenios colectivos que firmen las diversas administraciones pueden establecer un porcentaje superior", apuntan las mismas fuentes.

La reserva de puestos de trabajo en la Administración para víctimas de violencia doméstica es uno de los primeros acuerdos que se han hecho públicos sobre esta ley, que comenzó su fase de ponencia en los primeros días de 2019. Este miércoles, el órgano se vuelve a reunir para continuar con sus trabajos. El texto inicial, ya en vigor, fue aprobado por el Consejo de Ministros y apoyado, el pasado septiembre, por unanimidad en el Congreso, en donde también se dio luz verde a su tramitación como proyecto de ley.

Algunas de las principales medidas que se pusieron en marcha con esta iniciativa del Ejecutivo son la devolución a los ayuntamientos de las competencias en materia de violencia machista o la activación de los presupuestos acordados. Además, se garantiza que los menores víctimas de esta lacra no necesiten el permiso del maltratador para obtener atención psicológica y no estarán obligados a visitar al condenado en la cárcel.

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