La Guardia Civil ha puesto en marcha esta mañana la denominada operación Trueno, encaminada a perseguir la financiación ilegal de Convergència i Unió (CiU) a través de empresas de recogida de basuras en Cataluña.
Las pesquisas se concentran en la figura del empresario Gustavo Buesa, socio de Jordi Pujol Ferrusola en este tipo de negocios y destacado donante de la fundación Catdem, vinculada a la formación nacionalista. Se le atribuyen los delitos de cohecho, tráfico de influencias, apropiación indebida y fraude.
Los investigadores sostienen que el referido empresario, propietario del grupo GBI Serveis e imputado en el caso Pujol que investiga la Audiencia Nacional, ha sido el beneficiario durante los últimos años de contratos millonarios supuestamente amañados por parte de ayuntamientos gobernados por CiU.
De manera paralela los investigadores destacan que Buesa ha donado a Catdem a través de sus empresas más de medio millón de euros entre 2007 y 2009.
Entre las adjudicaciones bajo sospecha, la Guardia Civil considera que una de las más importantes fue la recogida de basuras del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona).
Hasta 2011, este servicio era explotado por la empresa Serveis Integrals Lloret, S.L., participada por el propio Buesa. Sin embargo, poco antes de las elecciones autonómicas y municipales de 2011, el Consistorio puso en marcha un procedimiento con carácter urgente para sacar de nuevo a concurso además de la recogida de basuras, la limpieza de viales y el mantenimiento de los parques infantiles.
Los agentes están registrando el Ayuntamiento de Lloret de Mar y el domicilio del empresario Gustavo Buesa. La intención de la Guardia Civil es proceder a la detención de Buesa, que no se encuentra en su domicilio porque está en Ibiza.
El ex secretario y el ex interventor del Ayuntamiento han sido detenidos por su relación con el contrato de basuras de la localidad.
A juicio de los investigadores el objetivo no era otro que beneficiar a Buesa para que resultara adjudicatario de un nuevo contrato en solitario a largo plazo y los pliegos se acomodaron a las características de su empresa, primando la valoración subjetiva frente a los criterios económicos.
Tanto que el único concursante fue GBI Serveis, que se proclamó adjudicatario durante diez años de un contrato que ascendía a 7.918.054 euros y que hasta el momento era el más importante de cuantos había convocado el Ayuntamiento.
En el marco de estas licitaciones la Guardia Civil también investiga el destino de los vehículos municipales que incluía el primero de los contratos.
La Guardia Civil ha seguido el rastro de los mismos y considera que el empresario los ha utilizado en otros contratos pertenecientes a ayuntamientos diferentes así como que se habría llevado algunos de ellos a Rumanía, donde extiende sus negocios.
Según las pesquisas de la Guardia Civil, el socio de Pujol Jr. habría recompensado a algunos de los funcionarios que confeccionaron los pliegos del concurso colocando a sus hijos en sus empresas.
Junto al contrato de recogida de basuras, está siendo investigada la adjudicación a GBI Serveis de un Centro de Tratamiento de Residuos, también en el municipio de Lloret de Mar, por importe de 29 millones de euros.
