El Ayuntamiento de Barcelona prepara un "plan municipal contra la islamofobia" que prevé presentar en diciembre y que tratará de "contrarrestar la discriminación cotidiana" de los musulmanes, "agravada" por los recientes ataques terroristas en Europa.
El Consistorio de Ada Colau ha encargado el estudio a tres antropólogos especializados para disponer de una "foto fija" de los obstáculos que manifiestan padecer las tres generaciones de vecinos de credo islámico que viven, estudian y/o trabajan en la capital catalana.
Tras la identificación de las áreas de mayor conflicto y exclusión, se empezarán a "diseñar medidas concretas en ámbitos como la educación, los centros de culto o los discursos de incitación al odio", que prevé consensuar con la oposición y entidades antirracistas y antifascistas. Sería una de las primeras medidas concretas del programa marco Barcelona Ciutat de Drets, presentado este julio.
El extenso informe La pràctica religiosa de les comunitats musulmanes de Barcelona. Expressions i problemàtiques, al que ha tenido acceso La Vanguardia, parte de un trabajo de campo de 35 entrevistas a líderes de comunidades musulmanas barcelonesas y a funcionarios municipales de áreas relacionadas con la interculturalidad, además de los datos recabados en 2014 y 2015 en cuatro focus group compuestos por hombres y mujeres de fe musulmana de la ciudad.
Dos de las principales conclusiones del estudio son "la precariedad crónica de los centros de culto y la falta de directrices claras para los centros de educación" en aspectos de convivencia como los menús halal o el atuendo, en especial el uso del pañuelo o hijab entre las alumnas.
"Los oratorios continúan marcados por una precariedad y falta de medios que resta dignidad al culto y condena con frecuencia a una cierta clandestinidad a los feligreses", lamentan los autores.
Proponen al consistorio que refuerce su apoyo a la Oficina d'Afers Religiosos, creada en 2004, y que refuerce también las ayudas a las reformas arquitectónicas de los oratorios que emprendan las comunidades, mediante "un protocolo de actuación transparente" que permita discernir "qué demandas merecen ser apoyadas y cuáles no".
Celebran que la cesión de equipamientos públicos, normalmente en régimen de alquiler, para la celebración de festividades o plegarias colectivas se ha normalizado y "más allá de los recelos iniciales, los responsables de los espacios se han habituado".
No obstante, señalan que todavía hay "gestores celosos de mantener una estricta laicidad de las instalaciones", a los que recomiendan que se informe "de forma clara y sin embudos que este tipo de demandas son legales" y recomendables. "Sin negar los beneficios de la sensibilidad secular en Europa [...] hay que reformular la percepción general que el secularismo adopta ante el hecho religioso, que considera propio de la infancia de la Humanidad [...], partidista y en suma irracional", apostillan.
En cuanto a las escuelas, tildan de "decepcionante" la "indefinición" del Consorci d'Educació de Barcelona –que forman ayuntamiento y Generalitat– "ante las demandas efectuadas desde las propias comunidades", unas "inquietudes que son vividas como una fuente de angustia importante para las familias musulmanas". Delegar la decisión en los equipos directivos de cada centro, sostienen, traslada la presión y genera tensión. Así como celebran que recientemente el Consorcio enviara una instrucción clara para promover la incorporación de menús halal en los centros donde la demanda lo permita, señalan la necesidad de un pronunciamiento similar sobre el atuendo escolar.
El informe, de 141 páginas, no rehúye la espinosa cuestión de la construcción de una gran mezquita en Barcelona, que verían positiva pero sumamente complicada en la gestión, ubicación y financiación.
Lamentan que la simple mención del tema "despierte los demonios de la ciudad" y advierten que, pese a una clara ayuda para la visibilización y dignificación del culto, no generaría "una interlocución única con las variadas comunidades musulmanas de la ciudad".
Entre las recomendaciones, propone al consistorio informar a la población musulmana de sus derechos en caso de agresión física o verbal por motivos religiosos -en especial entre las mujeres- así como la existencia de la Fiscalía especializada en delitos de Odio y Discriminación.
La comisionada de Inmigración, Lola López, justifica la necesidad de un plan contra la islamofobia en que "uno de los mayores ejes de discriminación actualmente en Barcelona es que una persona sea musulmana o sea percibida como musulmana aún sin serlo". "Así como hace un siglo el antiseminismo era claramente el principal eje de discriminación en Europa, ahora lo es la islamofobia",
