El Ministerio del Interior ha decidido destituir como responsable de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil al coronel Diego Pérez de los Cobos en medio de la polémica generada por el dispositivo de seguridad en Galapagar (Madrid), en la vivienda del vicepresidente Pablo iglesias y la ministra Irene Montero. La destitución se produce también cuando los efectivos de la Policía Judicial bajo las órdenes de este coronel estaban realizando gestiones sobre el papel del portavoz sanitario del Gobierno en la crisis del coronavirus, Fernando Simón, en las concentraciones del 8-M.
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La juez Carmen Rodríguez Medel, titular del juzgado 51 de Madrid, tiene abiertas unas diligencias en las que ha encargado a la Guardia Civil que investigue cómo actuaron las autoridades sanitarias durante el origen de la pandemia. Y los efectivos de Pérez de los Cobos habían remitido recientemente a la juez informes sobre encuentros en los que habían estado el ministro Salvador Illa y el propio Simón. Entre esos informes, uno en el que se detallan reuniones de ambos con una comunidad evangélica para que no celebraran un congreso previsto para mediados de marzo ante el riesgo de contagios por el coronavirus. Esos encuentros se produjeron tres días antes del 8-M y otros informes también avalados por Simón sobre el visto bueno a todos los eventos del 8-M.
Los informes los emitieron los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil a las órdenes de Pérez de los Cobos, de Tres Cantos. En el informe sí que habría un documento firmado por Simón días antes del 8-M, en el que desaconseja un evento de la Iglesia evangelista por riesgo de propagación del virus sobre la base de las alertas sanitarias de la OMS. Y otro informe posterior, también firmado por él, en el que no pondría pegas para la manifestación del 8-M.
La juez Rodriguez Medel encargó esta práctica de diligencias directamente a la Guardia Civil de Tres Cantos en vez de a la unidad adscrita de la Policía Nacional de los juzgados de Plaza de Castilla.
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DESPLIEGUE EN GALAPAGAR
Por otro lado, además, durante la última semana, el despliegue de efectivos en la localidad madrileña de Galapagar ha sido muy importante. Incluso, se han destinado efectivos de los GRS. La presencia de media docena de vehículos de la Benemérita alrededor de la vivienda de Iglesias y Montero ha generado, además, un importante malestar en el seno del Instituto Armado. Porque, como recuerdan, los miembros del Consejo de Ministros ya disponían de seguridad estática alrededor de la vivienda y, además, la seguridad habitual de su escolta.
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Pero durante los últimos días, con el auge de las caceroladas, el blindaje del chalé ha sido "excesivo", según explican fuentes de la Guardia Civil. Este blindaje, además, ha llevado el cierre de una calle completa en la urbanización, la que pasa por la puerta principal del chalé. Allí estaban acudiendo diariamente los vecinos que, sin detenerse y hacer una concentración, pasaban por la puerta haciendo sonar las cacerolas. A los dos días de las protestas se produjo el blindaje de la vivienda, y la manzana entera.
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Desde el seno de la Guardia Civil el malestar creció. Y señalaron al coronel Diego Pérez de los Cobos, de quien depende la seguridad en esa zona de Madrid. Este coronel fue quien, a principios de marzo, cursó una serie de instrucciones para los agentes que se encargaban de la seguridad de la familia Iglesias-Montero. Y entre las medidas, evitar la colocación de banderas en la zona y tener un trato cuidadoso con las autoridades.
Pérez de los Cobos, con un largo historial profesional en la lucha contra el terrorismo, fue el mando encargado de dirigir el dispositivo en Cataluña contra el 1-O.
