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Ramón Vera, alias Cassandra, ¿retoques estéticos con el dinero de las donaciones?

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El tuitero Ramón Vera Paz alias Cassandra, fue condenado a un año de prisión por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo. Entre 2013 y 2016 publicó en su cuenta un total de 13 comentarios de burla sobre el asesinato a manos de ETA en 1973 del almirante Luis Carrero Blanco.

Imputado por la justicia, y tras convertirse en un caso muy mediático, abrió una cuenta PayPal con su nombre real y pidió públicamente ayuda económica para poder pagarse las costas de todo el proceso penal.

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Vera fue condenado a un año de prisión y siete de inhabilitación absoluta en una sentencia de marzo de 2017 de la Audiencia Nacional, pero recurrió y el Tribunal Supremo lo absolvió el pasado mes de marzo.

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Se niega a devolver las donaciones

Tras hacerse público que había sido absuelto y que quedaba exento de pagar las costas del juicio, Cassandra ha recibido varios mensajes por parte de los donantes, pidiéndole que les devolviera el dinero que le habían ingresado en su cuenta. La respuesta de Cassandra ha sido el bloqueo fulminante.

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No solo les bloquea, encima se mofa de la gente que tuvo ese punto de solidaridad con él/ella.

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Los retoques estéticos de Cassandra

MEDITERRÁNEO DIGITAL ha podido averiguar, de fuentes muy directas, que Ramón Vera alias Cassandra, se ha hecho unos retoquitos estéticos en una conocida clínica de Madrid. Según varios especialistas consultados, aseguran que el cambio facial y la feminización de sus líneas de expresión. es más que evidente. Una cuestión que rápidamente ha levantado las especulaciones sobre el destino final del dinero de las donaciones. 

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El silencio de Podemos e Izquierda Unida

Tras el revuelo originado en las redes sociales por su negativa a devolver el dinero donado para pagar las costas del proceso judicial, es más que llamativo el silencio de dos formaciones como Izquierda Unida y Podemos, que apoyaron públicamente a Cassandra, cuestionaron la imparcialidad de la justicia en nuestro país y no dudaron en sacar rédito político de un caso que volvió a reabrir el debate sobre los límites de la libertad de expresión en España.

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