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El Supremo avalará la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, ¿para enterrarlo en La Almudena?

tumba franco

Se ha convertido en una de las promesas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez, su gran obsesión. La izquierda española, que no es capaz ni de ponerse de acuerdo para investir un nuevo presidente y mantiene a nuestro país paralizado y abocado irremediablemente a la celebración de nuevas elecciones, solo se aglutina alrededor de un enemigo en común: el General Franco. Ya que no pueden encontrar soluciones para los problemas de hoy, se dedican a desenterrar muertos de hace 40 años. Perdieron la Guerra y nunca se lo van a poder perdonar, llevan la derrota impresa en su ADN original.

El pasado cuatro de junio, los cinco magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo decidían por unanimidad paraliza la exhumación en el Valle de los Caídos. Los jueces no entraban en el fondo de la cuestión, sino que adoptaban esa decisión como medida cautelar y para evitar daños irreparables. En concreto, la Sala esgrimía que con esa medida se buscaba evitar «el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes -los familiares de Franco- y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan».

Un juez paraliza definitivamente la exhumación de Franco

Franco se quedaba en El Valle... de momento. Sin embargo ahora, y según publica de fuentes directas de magistratura el diario La Razón, el Alto Tribunal está a punto de adoptar una decisión sin precedentes: sacar a Franco de la Basílica. Es previsible que en octubre como muy tarde se pronuncie definitivamente sobre dos cuestiones: analizar el Real Decreto del Gobierno por el que establecía que en el Valle de los Caídos sólo podían estar enterrados los fallecidos durante la Guerra Civil, hecho exclusivamente para sacar al Caudillo de su tumba, y sobre la petición de la familia de que si finalmente se producía la exhumación, pudiese ser enterrado en la cripta de la Catedral de la Almudena, donde poseen un panteón privado. El Ejecutivo se opone a tal pretensión al considerar que ello podría ocasionar problemas de orden público y de exaltación, tal como recoge en una Proposición de Ley presentada a finales de julio en el Congreso.

Sobre la primera de esas cuestiones, fuentes jurídicas indican que la Sala no pondrá reparos de la legalidad del decreto que conlleva la exhumación de Franco del lugar donde reposa desde el 23 de noviembre de 1975. «Puede haber algunas dudas, pero son salvables», se señala al respecto. En este punto, la decisión de los magistrados se prevé unánime, ya que, en principio, ninguno de ellos ve tacha de ilegalidad en esa decisión.

Sin embargo, donde parece que sí puede existir más debate es en la pretensión de la familia de Francisco Franco de darle sepultura en la cripta de la catedral madrileña. La resolución sobre esta cuestión no se prevé tan pacífica y unánime, ya que, al parecer, hay quien defiende la decisión de los familiares, pero otros mantienen una postura contraria. Al final, todo se trata de una cuestión política.

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El Ejectuivo pretende, y así se lo hizo llegar a la familia de Franco, que una vez sea exhumado del Valle de los Caídos pueda ser enterrado en el panteón de Mingorrubio, en la localidad madrileña de El Pardo, y que hubiese vigilancia permanente par parte de agentes de la Guardia Civil para garantizar la seguridad del recinto. Esta opción del sepulcro de El Pardo –en el que se encuentra enterrada desde 1988 Carmen Polo, la mujer del antiguo Jefe de Estado– fue rechazada en su momento por familiares. Ahora, todo dependerá de la decisión que finalmente adopte en breve el Tribunal Supremo.

Así, las dudas que se plantean en este apartado radican, entre otras, en si el Gobierno puede obstaculizar el derecho de una familia a enterrar a un familiar «en el panteón del que es propietario»; o si el Ejecutivo puede «interferir en un espacio, como es una catedral, en este caso la cripta» para impedir que quienes tienen ahí un lugar adquirido puedan hacer uso del mismo: «Se trata de determinar si esa pretensión de la familia se puede impedir justificándolo en razones de orden público», destacan al respecto las fuentes consultadas. 

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Una vez que se pronuncie el Tribunal Supremo, la sentencia es directamente ejecutable por sí misma, aunque siempre queda abierta la puerta de recurrir al Tribunal Constitucional mediante la interposición del correspondientes recurso de amparo. Sin embargo, esta acción no paralizaría, en principio, la decisión del Supremo, y tendría que ser el propio TC el que la dejase en suspenso si entendiese que su ejecución puede causar un perjuicio irreparable.

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